Un atestado policial acusa a altos cargos del PSOE andaluz de repartir subvenciones sin controles entre 2009 y 2012
Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 35 páginas concluye que el agujero de 950 millones de euros en ayudas públicas pendientes de justificar en Andalucía no fue un error administrativo, sino un sistema orquestado para burlar los controles legales.
El entonces director general de Formación de la Junta, Carlos Caña vate, ya admitió en 2013 ante la UCO la existencia de esta anomalía contable sin precedentes, vinculada a subvenciones de Formación Profesional para el Empleo gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El informe policial señala que, al menos entre 2009 y 2012, decenas de altos cargos y funcionarios bajo los gobiernos del PSOE andaluz aprobaron nuevas ayudas sin verificar su cumplimiento, eludiendo los expedientes de reintegro obligatorios.
El fraude afectó a fondos destinados a formación profesional, un área clave para el empleo en la región, y su escala —casi mil millones de euros— refleja un patrón de opacidad en la gestión de recursos públicos durante ese período.
La investigación de la UCO, ahora en manos judiciales, podría reabrir el debate sobre la transparencia en la administración autonómica y la responsabilidad de los cargos implicados en el diseño de este sistema.
El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), encargado de la gestión de las ayudas, fue el vehículo por el cual se aprobaron las subvenciones sin los controles necesarios, lo que permitió que la maquinaria de fraude se mantuviera oculta durante años.
El atestado policial, de 35 páginas, fue accedido por el medio ABC, que lo publicó para dar a conocer los detalles de la operación y la magnitud del colapso contable que se había mantenido en secreto.
Fuente: ABC
