Galicia pide adherirse al sistema mientras Canarias exige aclaraciones sobre su implantación en las islas
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado la extensión del Abono Único a las redes de transporte de comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan sumarse de manera voluntaria. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca contribuir a la reducción de emisiones y a la cohesión territorial mediante el reconocimiento mutuo de títulos de viaje entre las administraciones adheridas y los servicios estatales.
El sistema permite a los ciudadanos desplazarse con un mismo abono por toda la red multimodal participante. Para ello, se han establecido dos modalidades de abonos nominativos con validez de treinta días: uno general, con un precio de 60 euros, y otro para menores y jóvenes hasta 26 años con nacionalidad española o residencia legal en España, con un coste de 30 euros.
La orden también prevé un marco de financiación para compensar a las autoridades u operadores por posibles impactos financieros negativos derivados de la adhesión al sistema. Inicialmente, el Abono Único integra las concesiones estatales de transporte regular por carretera, los servicios de Cercanías y Rodales de Renfe, así como varios trayectos de Media Distancia y AVANT, como los de Ourense-A Coruña, Madrid-Salamanca, Alicante-Murcia y Avant Exprés Barcelona-Tortosa, salvo el tramo Barcelona-Tarragona. Quedan excluidos el transporte de alta velocidad, el de mercancías y los servicios comerciales o turísticos.
En fases futuras, podrían incorporarse otros medios como el transporte marítimo o fluvial metropolitano, el transporte por cable y el transporte a la demanda en zonas rurales. La adhesión al sistema será voluntaria para comunidades autónomas y entidades locales, que podrán incorporarse mediante convenios donde se detallen los servicios, operadores, títulos y aspectos financieros.
La Secretaría General de Movilidad Sostenible elaborará un informe anual de seguimiento, mientras que la Secretaría de Estado de Transportes podrá actualizar el programa según evolucione su implementación.
Galicia insta a la Xunta a sumarse al Abono Único
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha pedido a la Xunta de Galicia adherirse al nuevo sistema para que la comunidad cuente con una misma tarjeta para viajar en transporte público. Blanco ha subrayado que el objetivo es facilitar los desplazamientos de los ciudadanos sin que estos deban preocuparse por la gestión de cada servicio. Además, ha aclarado que la adhesión al programa no implica renunciar a las competencias ni al modelo de transporte de cada administración.
«El objetivo debe ser que los ciudadanos tengan más facilidades para moverse en transporte público y no tengan que preocuparse de quien gestiona cada servicio», ha señalado Blanco. En su intervención, el delegado ha realizado un llamamiento a la Xunta y a los ayuntamientos gallegos para que se adhieran al Abono Único, destacando que el Gobierno de España ya ha dado el primer paso y que ahora corresponde a las administraciones autonómicas y locales avanzar en la construcción de una red de transporte público más integrada, accesible y útil para los gallegos.
Canarias exige aclaraciones sobre el alcance del programa
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio de Transportes sus dudas y preocupaciones respecto a la medida. Según la directora general del área, María Fernández, el programa, tal como está concebido, dejaría fuera a la comunidad autónoma canaria. El Ejecutivo canario ha solicitado al Estado que aclare el alcance del programa, su encaje jurídico y competencial, así como las condiciones económicas que permitirían su implantación en las islas.
La posición de Canarias refleja la necesidad de adaptar el sistema a las particularidades de cada territorio, especialmente en el caso de las comunidades insulares, donde la conectividad y la integración de los servicios de transporte presentan desafíos específicos. La falta de claridad sobre estos aspectos podría retrasar o incluso impedir la adhesión de algunas administraciones al Abono Único.
El marco legal y competencial del transporte en España
El transporte público en España está regulado por un marco competencial compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. Mientras que el Gobierno central gestiona las grandes infraestructuras y los servicios interestatales, como los de Renfe, las autonomías son responsables de la organización y financiación de los servicios de transporte dentro de sus territorios. Esta distribución de competencias explica por qué la adhesión al Abono Único debe ser voluntaria y negociada mediante convenios, ya que cada comunidad autónoma tiene su propio modelo de gestión y financiación del transporte público.
El sistema de Abono Único se enmarca en los esfuerzos por modernizar y unificar la movilidad en España, una prioridad para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La integración de diferentes redes de transporte bajo un mismo sistema de tarificación busca no solo simplificar el acceso de los ciudadanos a los servicios, sino también fomentar el uso del transporte público como alternativa sostenible al vehículo privado, reduciendo así las emisiones contaminantes.
Próximos pasos y seguimiento del programa
La implementación del Abono Único dependerá de la adhesión voluntaria de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que deberán firmar convenios con el Ministerio de Transportes para integrar sus redes en el sistema. La Secretaría General de Movilidad Sostenible será la encargada de elaborar un informe anual que evalúe el funcionamiento del programa, su impacto en la movilidad y su contribución a los objetivos de sostenibilidad y cohesión territorial.
Además, la Secretaría de Estado de Transportes tendrá la capacidad de actualizar el programa según las necesidades y las lecciones aprendidas durante su aplicación. Esta flexibilidad busca garantizar que el sistema pueda adaptarse a las demandas de los usuarios y a las particularidades de cada territorio, asegurando su viabilidad a largo plazo.
