Castilla-La Mancha, Asturias y el PP votarán en contra en el CPFF este viernes, dejando al Ejecutivo dependiente del apoyo catalán
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) votará este viernes la propuesta de Hacienda para reformar la financiación autonómica, pero el Gobierno central ya sabe que no contará con el apoyo de Castilla-La Mancha, Asturias ni las comunidades gobernadas por el PP. El rechazo de estas regiones, que suman la mayoría de las autonomías de régimen común, obliga al Ejecutivo de Pedro Sánchez a buscar el respaldo de Cataluña para sacar adelante el plan y llevarlo al Consejo de Ministros.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha justificado su postura al considerar que el modelo está «consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y que perjudica el principio de igualdad». Asturias, por su parte, tacha la propuesta de «injusta» y alega que incumple los acuerdos de la Junta General de 2020 y la Declaración de Santiago de 2021, además de no ponderar debidamente factores como el envejecimiento o la orografía en el cálculo de la población ajustada, clave para el coste de los servicios públicos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado el sistema como un «antimodelo» diseñado para la «supervivencia» de Sánchez. Según su análisis, el Gobierno carece de legitimidad para aprobarlo al no tener Presupuestos del Estado y por haber sido negociado bilateralmente con ERC, un partido independentista catalán. Feijóo insiste en que se trata de un plan «diseñado por un partido independentista» y advierte de que el Ejecutivo repartiría un dinero que no tiene.
En el lado opuesto, Cataluña y Canarias previsiblemente votarán a favor. El Gobierno catalán de Salvador Illa defiende el modelo como un avance que no perjudica a ninguna comunidad, mientras que Canarias condiciona su apoyo al cumplimiento de dos exigencias: el reconocimiento de sus singularidades y la recepción de las partidas previstas. La votación del CPFF será, por tanto, un termómetro de la capacidad del Gobierno para impulsar reformas clave con el respaldo de sus socios parlamentarios.
