"Consejo de Política Fiscal y Financiera" by Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha is licensed under CC BY-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.
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La Comunidad Valenciana formaliza su negativa tras ser desestimadas sus alegaciones, mientras solo Cataluña y Canarias respaldan al Gobierno
Casi la totalidad de los gobiernos autonómicos han rechazado este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Ejecutivo central durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En la votación celebrada en el seno del órgano multilateral, la propuesta estatal ha cosechado una oposición prácticamente unánime de los territorios de régimen común, con las únicas excepciones de Cataluña y Canarias, que han sido las dos únicas comunidades que no se han sumado al voto en contra.
La posición de la Comunidad Valenciana se ha concretado en un voto negativo formal, materializando la postura que sus representantes institucionales habían avanzado antes del encuentro. La decisión valenciana responde directamente a la desestimación previa de sus alegaciones por parte de la administración central, según han señalado fuentes conocedoras del proceso tras constatar que el documento sometido al pleno del órgano no incorporó los cambios solicitados para corregir los criterios de reparto.
El funcionamiento de las mayorías en el órgano multilateral
El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el espacio institucional establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para coordinar las políticas presupuestarias entre la Administración General del Estado y los ejecutivos autonómicos de régimen común. En este foro, la arquitectura de votación atribuye la mitad de los votos al Ministerio de Hacienda en representación del Estado, mientras que la otra mitad se reparte a razón de un voto individual para cada una de las comunidades autónomas participantes.
Esta correlación técnica permite habitualmente al Gobierno central sacar adelante acuerdos formales si retiene sus votos estatales y suma el respaldo de alguna comunidad que incline la balanza numérica. No obstante, la fractura territorial evidenciada en este cónclave deja al descubierto un escenario de aislamiento político para el departamento de Hacienda frente a las administraciones autonómicas, dado que el frente del rechazo ha congregado de forma transversal a territorios gobernados por distintos signos políticos.
El trámite legal y el estancamiento de la reforma fiscal
El diseño del sistema de financiación de régimen común requiere para su modificación definitiva la aprobación de una reforma de ley orgánica en las Cortes Generales. Los acuerdos alcanzados o las votaciones tramitadas en el CPFF constituyen un trámite preceptivo de concertación política y técnica, pero no sustituyen por sí mismos el cauce legislativo preceptivo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, donde el Ejecutivo debe recabar una mayoría absoluta para convalidar cualquier nuevo diseño en el reparto de recursos tributarios.
La resistencia articulada por la gran mayoría de las autonomías anticipa dificultades operativas en la tramitación parlamentaria posterior del modelo. Con la única afinidad manifestada en esta sesión por las delegaciones de Cataluña y Canarias, el plan económico promovido desde Madrid afronta un bloqueo institucional originado en los territorios que pone en suspenso la viabilidad de renovar un esquema de distribución de fondos que permanece caducado desde el año 2014.
