El PP exige responsabilidades al Gobierno tras el cese del jefe de gabinete por los avisos ignorados del CNI
Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, calificó este sábado en Vigo como «una broma» que la única consecuencia política tras el asalto fronterizo de Ceuta haya sido la dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Las declaraciones del dirigente popular llegan al día siguiente de que Gonzalo Sanz abandonara su puesto al conocerse que el organismo tenía constancia previa de las alertas remitidas por un agente del Centro Nacional de Inteligencia mediante mensajes de WhatsApp.
El cruce fronterizo de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos ha consolidado una dinámica de contacto permanente entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. Ambas formaciones han dejado a un lado los reproches públicos tras sellar sus respectivos pactos autonómicos, articulando un reparto táctico donde los populares intentan captar al votante de centro crítico con el Ejecutivo central y los de Abascal agrupan el descontento más pronunciado.
Pese a la coincidencia de fondo, las dos fuerzas de la oposición muestran intensidades procesales y diplomáticas distintas. La dirección de Vox reclama la ruptura total de relaciones diplomáticas con Rabat y plantea llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros ante el Tribunal Supremo por presunta traición. Por su parte, la formación conservadora se ha personado como parte en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, instancia judicial que por el momento no ha dictado imputaciones y carece de competencia para investigar a miembros del Consejo de Ministros debido a su aforamiento ante la Sala de lo Penal del Supremo.
Desde la sede de Génova atribuyen lo sucedido a una responsabilidad compartida entre la implicación marroquí por acción u omisión y la inacción de Moncloa ante los informes de seguridad. Al evaluar las notas oficiales emitidas desde Rabat contra Feijóo, Sémper remarcó que cualquier cuestionamiento exterior sobre la soberanía de Ceuta, Melilla o Canarias constituye una agresión hacia el Estado, anticipando una postura más firme si se produce un relevo en la presidencia del Gobierno.
La cúpula nacional del principal partido de la oposición ha trasladado directrices a sus responsables autonómicos para unificar el argumentario y esquivar sobreactuaciones verbales. Los populares sostienen que la desclasificación de informes de inteligencia proseguirá en los próximos días y mantendrá la presión sobre el Ejecutivo, al que atribuyen maniobras destinadas a buscar protección en el terreno penal frente a las pesquisas judiciales en marcha.
