Fuentes oficiales reconocen que las expulsiones son inviables para la mayoría, mientras amplían plazas de acogida a 6.000
El Gobierno trabaja ya con la hipótesis interna de que la mayoría de los migrantes que permanecen en Ceuta no podrán ser expulsados y tendrán que quedarse en la ciudad autónoma, según admiten fuentes gubernamentales consultadas por este medio.
Aunque en público se niega esta posibilidad y se insiste en que los procedimientos de devolución continuarán, las cifras oficiales revelan la brecha entre el discurso y la realidad. Entre el 10 y el 31 de agosto, solo 214 migrantes fueron expulsados, frente a los 3.519 que regresaron voluntariamente a Marruecos, según declaró el ministro Ángel Víctor Torres tras el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo ha aprobado un plan de choque para Ceuta y ya ha habilitado más de 3.400 plazas de acogida, con el objetivo de alcanzar las 6.000. La medida busca sacar a los migrantes de calles y asentamientos improvisados, pero no hay un calendario claro más allá de la ampliación de capacidad. A mediados de agosto, el Gobierno estimó que hasta 5.000 personas podrían ser susceptibles de acogida, la mitad por ser menores y el resto por solicitar protección internacional.
La crisis recuerda a la de Lesbos, donde una emergencia inicialmente transitoria derivó en una situación de permanencia. En Ceuta, el problema jurídico persiste: no todos los migrantes pueden ser expulsados ni devueltos de inmediato a Marruecos, y el número exacto de quienes permanecen en la ciudad sigue sin definirse.
La contradicción entre el mensaje público y el escenario interno refleja la complejidad de una crisis que, aunque menos espectacular que la entrada masiva de finales de julio, es más difícil de resolver. El Gobierno evita asumir en voz alta que miles de personas permanecerán en España para no alimentar tensiones sociales.
Fuente: La Razón
