De 876.321 solicitudes en julio a 2,4 millones de citas en diciembre, sin aclarar cómo se pasó de un dato a otro
El Gobierno paralizó el recuento público de solicitudes para la ley de nietos el 31 de julio de 2025, exactamente 83 días antes de que venciera el plazo definitivo para acogerse a ella, fijado para el 22 de octubre de 2025. Hasta esa fecha, el Ejecutivo había mantenido como última cifra oficial las 876.321 solicitudes registradas, una fotografía estadística que repitió en cinco ocasiones: tres antes del cierre y dos después, incluyendo una declaración del ministro Ángel Víctor Torres el 19 de septiembre en la que aseguró que los datos definitivos estarían disponibles el 31 de diciembre de 2025.
El 30 de septiembre, ya en Buenos Aires, Torres volvió a citar las mismas 876.321 solicitudes, esta vez precisando que correspondían a datos del 31 de julio. Según el Ministerio, de esas solicitudes, 414.652 personas tenían ya consolidado el derecho a la nacionalidad española y 237.145 estaban inscritas y con el pasaporte entregado. La nota oficial subrayó que las 876.321 eran solicitudes «oficiales» de nacionalidad.
El 18 de noviembre de 2025, casi un mes después de cerrarse el procedimiento, el Ministerio publicó de nuevo las mismas 876.321 solicitudes, ahora con un matiz: 414.000 personas ya tenían reconocido el derecho y 237.145 constaban como inscritas. Sin embargo, ese mismo día, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres anunció un salto estadístico sin precedentes. Acompañado por las ministras Pilar Alegría y María Jesús Montero, elevó la cifra a 2,3 millones de personas, un incremento del 162,46% respecto a las 876.321 anteriores. El ministro explicó que este nuevo dato incluía categorías nunca antes utilizadas: «solicitudes de cita», «personales» y personas que «se han interesado» por obtener la nacionalidad.
La expresión clave fue «se han interesado». Torres aclaró que, más allá de las 876.321 solicitudes ya presentadas, que habían derivado en 237.000 inscripciones y medio millón con el derecho reconocido, «estamos hablando de más de 2,3 millones de personas las que se han interesado por obtener la nacionalidad española». El problema radica en que «interesado» no es una categoría jurídica de adquisición de la nacionalidad, lo que generó confusión sobre el alcance real de las cifras.
El Ejecutivo manejaba, por tanto, información más avanzada que las 876.321 solicitudes de julio, pero no publicó un cuadro que permitiera reconciliar las distintas cifras: cuántas eran solicitudes presentadas, cuántas citas pendientes, cuántos expedientes en trámite, cuántas concesiones y cuántas inscripciones. Esta falta de transparencia hizo aún más difícil explicar el salto posterior.
El Informe de Rendición de Cuentas ignora el salto de Torres
El 15 de diciembre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la Moncloa el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno de España. En la página 35, el ministerio de Félix Bolaños consignó de nuevo las 876.321 solicitudes «desde la aprobación de la Ley en 2022», sin aclarar que correspondían a datos del 31 de julio. Para las 237.145 nacionalidades concedidas, sí se especificó que eran «hasta el 31 de julio«, pero no para las solicitudes. El informe ignoró por completo el salto a 2,3 millones anunciado por Torres 27 días antes.
La retrocesión duró exactamente 14 días. El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno publicó otro balance anual, esta vez del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El contador saltó de nuevo: los 2,3 millones se convirtieron en 2,4 millones, pero con un cambio terminológico clave. La nueva cifra ya no se refería a «solicitudes», sino a «2,4 millones las personas que han pedido cita» para convertirse en nuevos españoles. Torres había prometido que el 31 de diciembre se conocerían los datos definitivos, pero lo que se publicó fue otro contador, sin una cifra homogénea que permitiera compararla con las 876.321 de julio.
El ritmo imposible de los 83 días de apagón estadístico
Si las magnitudes fueran equivalentes, en los 83 días transcurridos entre el 31 de julio y el 22 de octubre —período que incluye 59 días laborables, 24 fines de semana y todo el mes de agosto—, los consulados habrían tenido que incorporar una media de 18.357,58 solicitudes diarias para alcanzar los 2,4 millones de citas. Sin embargo, el Gobierno nunca aclaró cómo se pasó de las 876.321 solicitudes a los 2,4 millones de citas, ni qué criterios se aplicaron para cambiar la metodología de recuento.
El salto final, de 876.321 «solicitudes» a 2,4 millones «personas que han pedido cita», supuso un incremento del 173,87% en el número de personas vinculadas a la ley de nietos. Este cambio no es meramente semántico, ya que afecta a un proceso crítico para el Estado: la concesión de la nacionalidad. La falta de transparencia en el recuento y la variación en los criterios estadísticos generaron una confusión que impidió verificar el número real de nuevos españoles.
El diseño opaco de la fábrica de nuevos votantes
Lo que pone de manifiesto este episodio es que el Ejecutivo diseñó el proceso de adquisición de la nacionalidad mediante la ley de nietos con maniobras, magnitudes y contadores distintos que solo el Gobierno conocía. El apagón estadístico, seguido del baile de cifras ofrecidas por distintos miembros del Gabinete, generó una confusión perfecta que impidió abrir al público la caja negra que convierte a los solicitantes en nuevos votantes. La falta de datos equiparables y la opacidad en el recuento dejaron sin respuesta preguntas clave sobre el impacto real de la ley.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, amplió el plazo inicial de dos años para acogerse a la ley de nietos con una prórroga de un año adicional, hasta el 22 de octubre de 2025. Este marco legal buscaba facilitar la obtención de la nacionalidad española a descendientes de españoles, pero la gestión de los datos por parte del Gobierno ha opacado su aplicación. La falta de claridad en el recuento no solo afecta a la transparencia, sino que también plantea dudas sobre la equidad y el rigor en un proceso tan sensible como la concesión de la nacionalidad.
Fuente: El Debate
