El PSOE se suma a la iniciativa que busca despolitizar la Justicia y acelerar la llegada de jueces a los tribunales, mientras el PP reivindica el aval unánime del CGPJ.
El Congreso ha admitido a trámite la proposición de ley del PP para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La votación ha reunido 295 votos favorables, con el respaldo del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, y también del PSOE. La iniciativa inicia ahora su recorrido parlamentario con el objetivo declarado de despolitizar y reforzar la Justicia.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defendió la propuesta en el Pleno. Sostuvo que «hacen falta más jueces y magistrados» y reclamó una política judicial «de Estado». También acusó al Gobierno de «sabotear» la Justicia y de «degradar las instituciones».
El texto se centra en el curso de la Escuela Judicial. El PP propone que la formación teórica multidisciplinar y el periodo de prácticas tuteladas se desarrollen de forma simultánea. Según sus cálculos, ese modelo integrado puede recortar hasta nueve meses el plazo de incorporación de los nuevos jueces a los tribunales de instancia. El objetivo es cubrir plazas con más rapidez sin rebajar las garantías de acceso ni la calidad de la formación.
La proposición mantiene como principios rectores la igualdad, el mérito y la capacidad. También plantea una cobertura más ágil de las vacantes judiciales ante la carencia de efectivos y la sobrecarga de los órganos jurisdiccionales. Gamarra remarcó que el proyecto pretende incorporar jueces «sin rebajar las garantías de conocimiento, mérito, igualdad, capacidad y formación».
El aval unánime del CGPJ que invoca el PP
Los populares reivindican que la reforma de la Escuela Judicial va en la línea planteada por el Consejo General del Poder Judicial. Según el PP, el órgano de gobierno de los jueces reclamó por unanimidad una modificación en ese sentido. La formación de Alberto Núñez Feijóo presenta ese respaldo como un aval institucional y define la reforma como «garantista», enmarcada en una política de Justicia «de Estado».
El PP vincula el debate sobre la dotación de jueces con la defensa de la separación de poderes. Fuentes de la dirección popular sostienen que una Justicia más independiente requiere plantillas suficientes, procedimientos de selección eficaces y protección frente a las presiones políticas. Gamarra reclamó al PSOE que no obstaculice la aprobación de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento judicial. «Si el Gobierno no es capaz de mejorar la Justicia, por lo menos que no bloquee que otros podamos hacerlo», afirmó.
El PP busca reformar la LOPJ para acelerar jueces
La admisión a trámite abre la fase de enmiendas y debate en comisión. El PP aspira a que la iniciativa culmine en una reforma de la LOPJ que permita acelerar la llegada de jueces a los tribunales y refuerce, según su tesis, la independencia del Poder Judicial. El partido considera que el resultado de la votación ofrece una oportunidad para que la reforma avance mediante acuerdos parlamentarios.
Fuentes de la dirección nacional del PP destacan que los socialistas se sumaron finalmente a la iniciativa «a la vista de que iba a salir adelante». Los populares interpretan esa mayoría como un respaldo relevante a una reforma concebida, según su planteamiento, para «defender a los jueces de los continuos ataques» a su labor, «incluidos los del Poder Ejecutivo».
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial requiere mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación final. El respaldo obtenido este martes en la toma en consideración supera esa barrera, pero el texto aún debe superar el trámite de enmiendas y el debate en comisión antes de volver al Pleno. El PP confía en que el consenso alcanzado se mantenga durante toda la tramitación.
El presidente Pedro Sánchez ha aprobado dos decretos Maricarmen pactados con Sumar, aunque sin el respaldo de Junts garantizado para ninguno, lo que añade un matiz de incertidumbre sobre la coordinación entre las distintas fuerzas políticas en la agenda judicial.
