El Gobierno presenta un techo de 226.032 millones, pero las tensiones por vivienda, fiscalidad y prestaciones por crianza bloquean el avance; Junts y Vox ya rechazaron la senda fiscal en julio
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura, encabezan las negociaciones internas del Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2027, pero el Ejecutivo enfrenta dos obstáculos insalvables: las diferencias internas entre PSOE y Sumar sobre gasto social, vivienda y fiscalidad, y la ausencia de apoyos parlamentarios. La reunión de este miércoles entre Arcadi España, ministro de Hacienda, y Urtasun marcó el inicio formal de un proceso que, según la Constitución, debería concluir antes del 30 de septiembre, pero que ya se antoja inviable.
El Gobierno propone un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros —un 6,6% más que en 2026—, pero este margen económico no resuelve el conflicto con su socio minoritario. Sumar exige priorizar vivienda, una prestación universal por crianza hasta los 18 años y una reforma fiscal progresiva que grave más las rentas del capital. El PSOE, por su parte, comparte el objetivo de aumentar el gasto social, pero rechaza asumir públicamente el catálogo completo de medidas presentado por Sumar.
La negociación interna se complica por tres frentes concretos. El primero es la vivienda: Sumar reclama un parque público de alquiler más ambicioso y medidas para regular alquileres turísticos, mientras el PSOE mantiene una postura más cautelosa sobre la intervención estatal en el mercado. El segundo, la prestación por crianza, que Sumar insiste en financiar con el crecimiento económico actual, pero que el Gobierno aún no ha incorporado a la propuesta. El tercero, la fiscalidad: Sumar exige gravar más la concentración de riqueza y elevar la progresividad del IRPF, algo que Hacienda aún no ha aceptado.
El calendario agrava la situación. La Constitución obliga a presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio, es decir, antes del 30 de septiembre. Sin embargo, PSOE y Sumar apenas han iniciado las negociaciones internas, y el Ejecutivo ya trabaja con la hipótesis de que las cuentas puedan retrasarse. Si finalmente se aprueban, el siguiente obstáculo será parlamentario: Junts, Vox y el PP rechazaron en julio la senda fiscal propuesta, y Podemos se abstuvo en la primera votación. Sin apoyos externos, el Gobierno necesitaría reconstruir una mayoría similar a la de la investidura de Sánchez, algo que parece improbable.
La reunión de este miércoles entre Arcadi España y Ernest Urtasun sirvió para activar la maquinaria presupuestaria, pero sin resolver los conflictos internos. El Ejecutivo lleva cuatro años gobernando con Presupuestos prorrogados, y ahora repite la misma dinámica: sin acuerdo interno y sin mayoría parlamentaria, el proceso avanza hacia un posible fracaso. La pregunta no es si los Presupuestos se aprobarán, sino cuándo —o si— llegarán a presentarse.
Las claves del conflicto interno: vivienda, crianza y fiscalidad
Las tensiones entre PSOE y Sumar se centran en tres áreas concretas. La primera es la vivienda, donde Sumar exige un parque público de alquiler más extenso y medidas para frenar los precios, especialmente en alquileres turísticos. El PSOE, aunque comparte la urgencia, prefiere un enfoque menos intervencionista. La segunda, la prestación universal por crianza hasta los 18 años, una reivindicación histórica de Sumar que el Gobierno aún no ha incluido en la propuesta. La tercera, la fiscalidad: Sumar reclama gravar más las grandes fortunas y las rentas del capital, mientras Hacienda se resiste a asumir públicamente estas medidas.
Estos tres puntos no son nuevos. Ya aparecieron en las negociaciones presupuestarias anteriores y nunca se materializaron. Ahora, con un contexto económico más favorable —el Gobierno argumenta que el crecimiento permite financiar nuevos derechos—, Sumar presiona para que se incluyan en los Presupuestos de 2027. Sin embargo, el PSOE mantiene reservas, especialmente en fiscalidad, donde teme perder apoyo en sectores clave.
El problema parlamentario: Junts, Vox y el PP bloquean la senda fiscal
El Gobierno no solo enfrenta divisiones internas, sino también la oposición frontal en el Congreso. En julio, el PP, Vox y Junts rechazaron la senda de estabilidad fiscal propuesta por el Ejecutivo, y Podemos se abstuvo en la primera votación. El segundo intento tampoco prosperó, pero legalmente el Gobierno puede presentar el proyecto presupuestario cuantas veces sea necesario.
Sin embargo, sin apoyos externos, el Ejecutivo necesitaría reconstruir una mayoría similar a la de la investidura de Sánchez, algo que parece improbable. Junts, por ejemplo, ya dejó claro en julio que no está dispuesto a regalar su apoyo, y el PP y Vox mantienen su postura de rechazo a cualquier medida que consideren insostenible fiscalmente. Esto deja al Gobierno en una posición débil: puede redactar y pactar las cuentas internamente, pero sin garantías de aprobación parlamentaria.
El calendario: ¿Presupuestos para 2027 o prórroga hasta 2028?
La Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio, es decir, antes del 30 de septiembre. Sin embargo, PSOE y Sumar apenas han iniciado las negociaciones internas, y el Ejecutivo ya trabaja con la hipótesis de que las cuentas puedan retrasarse. Si finalmente se aprueban, el siguiente paso será su aprobación en el Congreso, donde la falta de apoyos externos complica aún más el escenario.
La prórroga de los Presupuestos de 2026 es una opción real, pero no deseable para el Gobierno. Llevar cuatro años con cuentas prorrogadas —como ha ocurrido hasta ahora— no es sostenible a largo plazo. La pregunta es si el Ejecutivo podrá resolver sus diferencias internas y encontrar una mayoría parlamentaria antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, el proceso avanza hacia un posible fracaso. La reunión de este miércoles entre Arcadi España y Ernest Urtasun marcó el inicio formal de las negociaciones, pero sin resolver los conflictos clave. La presión por aprobar los Presupuestos antes del 30 de septiembre aumenta, pero las divisiones internas y la falta de apoyos externos hacen que el escenario sea cada vez más incierto.
