El Gobierno presenta su techo de gasto récord, pero las diferencias internas y la falta de apoyos en el Congreso ponen en riesgo los Presupuestos 2027
Isabel Rodríguez y Ernest Urtasun lideraron este miércoles la primera reunión formal para negociar los Presupuestos 2027, un proceso que enfrenta dos obstáculos clave: las tensiones internas entre PSOE y Sumar —especialmente en vivienda, fiscalidad y prestaciones sociales— y la imposibilidad de contar con los votos necesarios en el Congreso para aprobarlos. El Ejecutivo, que lleva cuatro años gobernando con presupuestos prorrogados, presentó un techo de gasto de 226.032 millones de euros, un 6,6% superior al de 2026, pero sin resolver ni las discrepancias con su socio de gobierno ni el rechazo previo de PP, Vox y Junts.
La negociación interna ya ha comenzado con posturas enfrentadas. Sumar exige un enfoque expansivo, priorizando 180 millones adicionales para vivienda —con medidas como un parque público de alquiler y regulación de alquileres turísticos—, una prestación universal por crianza hasta los 18 años (reivindicación recurrente desde 2023) y más inversión en dependencia, transporte público y educación infantil. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, aún no ha asumido públicamente estas demandas, limitándose a compartir el objetivo general de aumentar el gasto social sin concretar cómo financiarlo.
El calendario constitucional añade presión: los Presupuestos deben presentarse antes del 30 de septiembre, pero PSOE y Sumar ni siquiera han cerrado su acuerdo interno. El Gobierno ya trabaja con la hipótesis de un retraso, algo que complicaría aún más la búsqueda de apoyos parlamentarios. En julio, el Congreso rechazó en dos ocasiones la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo, con Junts votando en contra y Podemos absteniéndose en la primera votación. Sin una mayoría reconstruida —similar a la lograda en la investidura de Sánchez—, las cuentas podrían quedarse en el aire.
La vivienda es el campo de batalla más visible. Mientras Sumar aboga por una intervención pública más agresiva, el PSOE muestra reticencias a endurecer medidas que ya generan fricciones con el sector privado. La prestación por crianza, por su parte, enfrenta el desafío de su coste: Sumar argumenta que el crecimiento económico actual permite financiarla, pero Hacienda no ha detallado cómo cubrir el agujero sin subir impuestos a las rentas medias, algo que el socio minoritario rechaza.
El precedente de los Presupuestos prorrogados y la investidura fallida
Este no es el primer obstáculo presupuestario del Gobierno. Desde 2023, las cuentas públicas se aprueban por prorroga, una situación excepcional que refleja la fragmentación parlamentaria. La investidura de Pedro Sánchez en julio de 2023 requirió un pacto con Sumar para desbloquear la legislatura, pero ese acuerdo no se ha traducido en una mayoría estable para los Presupuestos. Junts, clave en la investidura, ya ha dejado claro que no repetirá su apoyo: en julio vetó la senda de estabilidad y ahora exige concesiones en políticas territoriales que el Gobierno no está dispuesto a ceder.
La negociación actual se desarrolla en un contexto de crecimiento económico del 2,3% en 2026 (según las últimas previsiones del Banco de España), pero con un déficit público del 3,2% que limita el margen de maniobra. Sumar apuesta por gravar más a las grandes fortunas y las rentas del capital para financiar sus propuestas, mientras el PSOE prioriza ajustes en el IRPF y la tributación de sucesiones. La falta de consenso interno se agrava con la presión externa: Bruselas vigila de cerca el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, y cualquier desviación en el gasto podría desencadenar sanciones.
¿Qué pasa si no hay Presupuestos para el 31 de diciembre?
La Constitución permite prorrogar los Presupuestos hasta el 15 de enero de 2028, pero gobernar con cuentas de 2026 —en un contexto de inflación residual y tensiones sociales— sería insostenible. El Ejecutivo ya ha explorado opciones como aprobar presupuestos parciales por áreas (sanidad, educación) o recortar gasto en partidas menos visibles, pero ninguna solución evita el riesgo de un parón administrativo en trámites que requieren financiación anual, como ayudas a pymes o subvenciones autonómicas.
La negociación con Sumar se centra ahora en tres ejes: vivienda (donde el socio minoritario exige un plan de choque con 5.000 viviendas sociales nuevas al año), fiscalidad (con propuestas como un impuesto del 4% a grandes fortunas) y servicios públicos (bonificaciones en transporte y comedores escolares). Sin embargo, el tiempo apremia: si no hay acuerdo antes del 15 de octubre, el Gobierno debería presentar un proyecto de ley al Congreso antes del 30 de septiembre, algo casi imposible sin cerrar primero las diferencias internas.
El escenario más probable es una prórroga hasta finales de 2027, pero con recortes en partidas no esenciales. La alternativa —un nuevo pacto con Junts o ERC— choca con la negativa de estas formaciones a respaldar un presupuesto que consideran demasiado intervencionista. Mientras, la oposición ya prepara su estrategia: el PP exige recortes en gasto corriente, Vox pide eliminar ayudas a colectivos LGTBI+, y Sumar amenaza con bloquear las cuentas si no se aprueban sus medidas sociales.
Lo que está claro es que, por primera vez en una legislatura, el Gobierno no solo negocia qué gastar, sino si podrá hacerlo. La reunión de este miércoles fue el primer paso, pero el reloj corre en su contra.
