Hacienda y Cultura negocian en secreto el proyecto de cuentas públicas, pero el contexto de crisis y fractura con socios y oposición complica su aprobación antes del 30 de septiembre
El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado este miércoles negociaciones internas para cerrar los Presupuestos de 2027, pero sin fecha clara para su aprobación en Consejo de Ministros ni garantías de que superen el rechazo de PP, Vox y Junts. Los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Cultura, Ernest Urtasun (este último en representación de Sumar), se reunieron para perfilar un acuerdo previo que sirva de base a las negociaciones parlamentarias.
El Ejecutivo prioriza cerrar primero el pacto con sus socios de coalición, aunque el contexto es adverso: Junts ya rompió el acuerdo de investidura y otros socios distancian su apoyo por la gestión de la crisis de Ceuta. En Moncloa descartan marcar plazos, pero el objetivo constitucional de aprobarlos antes del 30 de septiembre queda en riesgo. Sánchez solo garantiza que el debate en el Congreso se sustanciará antes de fin de año, aunque fuentes parlamentarias vaticinan que PP, Vox y Junts presentarán enmiendas a la totalidad, como ya hicieron en julio con la senda de déficit.
La incertidumbre política se agrava con la posibilidad de un adelanto electoral. Sánchez mantiene en el aire si convocará elecciones antes o después de las municipales y autonómicas de mayo, pero en el PSOE presionan para posponerlas tras las generales. La única certeza es que no habrá un ‘superdomingo’ electoral. Mientras, el Gobierno insiste en que los Presupuestos incluirán el mayor gasto social de la historia, con inversiones clave en vivienda y servicios públicos, aunque sin detalles concretos que calmen las tensiones con socios y oposición.
El escenario actual refleja una coalición fracturada y una oposición unida en su rechazo. Si los Presupuestos caen, Sánchez podría disolver las Cortes, pero el riesgo de una crisis institucional añade presión a unas negociaciones que ya parten con las luces en rojo.
El preacuerdo con Sumar, que se utilizó como base para las conversaciones, incluye compromisos sobre la inversión en infraestructuras culturales y la protección de los derechos laborales en el sector público. Sin embargo, la falta de consenso sobre la cifra exacta del déficit y la necesidad de ajustes en la política fiscal han generado fricciones que podrían retrasar la aprobación final de los planes de gasto.
