El real decreto de Milagros Tolón exige ratios máximas de alumnos, simuladores digitales y memorias cada cuatro años para revocar licencias
Milagros Tolón, ministra de Educación, ha presentado un real decreto que restringe drásticamente la oferta de Formación Profesional (FP) en centros privados y elimina por completo la modalidad online. El borrador, sometido a información pública el 28 de septiembre de 2026, obliga a los centros no públicos a cumplir requisitos de presencialidad, ratios de alumnos y equipamiento tecnológico que no se exigen a la red pública, según denuncia la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
La norma, prevista para entrar en vigor a finales de año, impone un mínimo del 15% de presencialidad para los centros virtuales y del 40% para los semivirtuales, además de limitar a 50 alumnos por aula en modalidad online y a 25 en presencial. Estos requisitos, detallados en un proyecto de 78 páginas, buscan erradicar lo que el Gobierno denomina ‘chiringuitos’ educativos, aunque la CECE advierte de que la medida afecta desproporcionadamente a la FP privada.
El decreto exige a los centros privados disponer de al menos dos familias profesionales con dos ciclos cada una, o impartir ciclos de grado básico, medio y superior si la familia los incluye. Además, obliga a presentar una programación de innovación tecnológica y recursos para internacionalización, aunque sin garantizar financiación. La falta de cumplimiento acarreará la revocación de licencias y la redistribución de alumnos.
Santiago García, secretario general de la CECE, critica que las medidas ‘ponen en desventaja’ a los centros privados frente a los públicos, muchos de los cuales, según denuncia, ‘no han empezado las clases porque no tienen cubiertos sus cupos de profesores’. ‘El hecho de ser un centro de titularidad privada no es sinónimo de calidad garantizada, pero sí de exigencias asimétricas’, señala García.
El real decreto es el tercero que el Gobierno impulsa en esta legislatura para regular la calidad educativa, tras los dirigidos a universidades privadas. La CECE alerta de que algunas exigencias, como la documentación para garantizar solvencia económica o la obligación de contar con ‘simuladores, gemelos digitales o realidad virtual’, no están vinculadas directamente a la calidad educativa, sino al control administrativo.
El precedente de los ‘chiringuitos’ y la guerra por la FP
El Gobierno justifica la medida como parte de su estrategia para ‘erradicar’ centros de baja calidad, una línea que ya aplicó en 2024 con la ley de universidades, que impuso requisitos estrictos a las instituciones privadas. Sin embargo, la CECE recuerda que la FP pública también enfrenta problemas estructurales, como la falta de profesores en algunas comunidades autónomas, lo que cuestiona la equidad de las exigencias.
La polémica se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sector privado educativo. En 2025, el Ministerio de Educación ya endureció los requisitos para la apertura de nuevos centros, lo que redujo un 12% las autorizaciones en comparación con 2024. La nueva norma, al limitar la modalidad online y aumentar los costes operativos, podría acelerar el cierre de pequeños centros con menos recursos.
Según datos del Ministerio, en 2026 hay 2.345 centros de FP privados en España, que atienden al 18% del alumnado total de este nivel educativo. La medida, si se aprueba, afectaría directamente a estos centros, muchos de ellos especializados en sectores con alta demanda laboral, como la informática o la hostelería.
El Gobierno refuerza su narrativa de calidad y equidad en la FP
Para el Gobierno, el decreto refuerza su narrativa de ‘calidad y equidad’ en la educación, aunque críticos señalan que beneficia indirectamente a la FP pública al limitar la competencia privada. La CECE, por su parte, advierte de que la medida podría reducir la diversidad de opciones para familias y empresas, especialmente en zonas con menos oferta pública.
Las comunidades autónomas, responsables de la evaluación y supervisión de los centros, tendrán un papel clave en la aplicación de la norma. Algunas, como Cataluña o Madrid, ya han expresado su preocupación por la falta de recursos para cumplir con los nuevos requisitos. La CECE ha anunciado que estudiará acciones legales si el decreto se aprueba en su forma actual.
Mientras, el sector privado educativo se prepara para una batalla política y judicial. ‘No se trata de defender chiringuitos, sino de garantizar que las reglas sean las mismas para todos’, insiste García. El debate, en cualquier caso, trasciende la FP: refleja un conflicto más amplio sobre el modelo educativo en España, donde la privatización y la digitalización chocan con el control estatal.
