El alcalde Almeida celebra el acuerdo tras mediación municipal, pero oposición y sindicatos exigen más medidas urgentes para evitar nuevos casos
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha anunciado este martes que Maricarmen, una anciana de 87 años desahuciada el pasado viernes, podrá regresar a su vivienda tras un acuerdo negociado en cinco horas entre Urba gestión, la empresa propietaria, y los representantes de la mujer, con mediación del Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMES).
El nuevo contrato, que incluye un seguro de impago y multirriesgo con un coste anual de 500 euros —ya cubiertos por un contrato marco existente—, garantiza seguridad jurídica a la empresa y evita un desembolso adicional para la anciana. Almeida ha destacado que no fue necesario crear instrumentos nuevos, sino usar herramientas ya disponibles, como el SIA, que ofrece garantías a propietarios frente a impagos o daños.
El acuerdo llega tras una escalada de protestas lideradas por el Sindicato de Inquilinas, que ha rechazado atribuirse el mérito y ha advertido de que las movilizaciones continuarán. Su portavoz, Valeria Racu, exigió al Gobierno central aprobar el decreto Maricarmen, una medida para frenar desahucios que el alcalde evitó valorar hasta conocer su contenido, aunque criticó su «precedente poco optimista». Almeida, en cambio, culpó a la política estatal de vivienda de reducir la oferta de alquiler en Madrid.
Mientras, la oposición municipal reprochó al alcalde su tardanza. Rita Maestre (Más Madrid) acusó a Almeida de no evitar el desahucio y le preguntó qué hará por las «próximas Maricarmen». Reyes Maroto (PSOE) tachó de «poco humilde» su autocrítica y recordó que el caso ha colmado el vaso de una crisis habitacional que, según ella, lleva la «firma» del regidor. Almeida respondió acusando a la oposición de instrumentalizar el caso con fines electorales y cuestionó su compromiso con medidas sociales.
Por su parte, Ricardo Alonso, copropietario de Urba gestión, agradeció la mediación municipal y reconoció que el conflicto se agravó por el «protagonismo» del sindicato, aunque negó haber reclamado a Maricarmen un alquiler de 2.600 euros, como se había especulado. Alonso admitió que el proceso «podría haberse gestionado mejor» y denunció «ataques masivos» contra la empresa.
El alcalde, por último, volvió a exigir el desalojo de la acampada en Puerta del Sol, que lleva 15 días en pie, y acusó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de «dejación de funciones» por no actuar contra los manifestantes. Almeida retó a los acampados a trasladar sus reivindicaciones a la Moncloa.
