El Departamento del Tesoro incluye en la lista a Carlos Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California, y a dos jefes de plaza en Tijuana y Mexicali.
Estados Unidos anunció este martes sanciones contra el actual líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada Sicairos, alias «Mayito Flaco», una veintena de miembros de la cúpula de la organización y cerca de 30 entidades y varios cargos estatales en México presuntamente vinculados con la corrupción del narcotráfico. La medida la hicieron pública el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.
Entrar en la lista de sancionados implica que esas personas o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos ni acceder a servicios financieros o económicos en ese país. El cártel de Sinaloa fue declarado «organización narcoterrorista» por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.
El «Mayito Flaco» ejerce su poder a través de una «red de líderes de células con base en Tijuana y Mexicali, facilitadores financieros y funcionarios mexicanos corruptos», según el comunicado del Departamento de Estado. Junto a él pasan a la lista los supuestos jefes de plaza del cártel en Mexicali, Juan José Ponce «El Ruso», y en Tijuana, donde ejercen el poder dos hermanos, Alfonso Arzate «Aquiles» y René Arzate «La Rana».
El Departamento de Estado sostiene que las designaciones «ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el gobierno mexicano, particularmente en Baja California». En ese estado, añade el texto, «presuntos asociados del exesposo de la gobernadora, un exdirector de seguridad pública de Mexicali y otros operadores políticos habrían aceptado sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa».
Carlos Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California
Entre los sancionados figura Carlos Torres, exmarido de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Washington le retiró el visado en 2025. El Departamento del Tesoro lo describe como «un operador político vinculado al cártel que mantiene una alianza con El Ruso». También pasa a la lista su hermano, Luis Torres.
El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Mendivil, queda igualmente sancionado, acusado de recibir pagos de El Ruso. La misma medida alcanza a un ex alto cargo de aduanas en Chihuahua, Rafael Buenrostro. Entre las entidades sancionadas aparecen casas de cambio, compañías de transporte y una larga lista de empresas locales.
La guerra interna abierta desde la detención de El Mayo
El comunicado recuerda que la detención de Ismael Zambada «El Mayo», padre del «Mayito», en julio de 2024, desencadenó una guerra entre las facciones de Los Mayos y los Chapitos. Ese enfrentamiento ha provocado asesinatos y desapariciones en Sinaloa y otros estados.
La designación de este martes conecta así dos frentes: la pugna interna del cártel tras la captura de su fundador y la red de protección política y financiera que, según Washington, sostiene sus operaciones en el noroeste de México. Las sanciones no son penales, sino económicas: bloquean el acceso al sistema financiero estadounidense y congelan cualquier bien bajo jurisdicción de ese país.
Baja California es el estado donde se concentran los señalados. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila, no aparece entre los sancionados, pero sí su exmarido y el hermano de este. La retirada del visado a Carlos Torres en 2025 fue el primer paso visible de una investigación que ahora se traduce en una lista oficial de nombres y empresas.
El Departamento del Tesoro detalla que Carlos Torres mantiene una alianza con El Ruso, el supuesto jefe de plaza en Mexicali. Esa conexión entre un operador político y un líder de célula es el eje del expediente: la acusación no es solo de pertenencia al cártel, sino de haber usado posiciones públicas o influencia para proteger sus operaciones.
Las casas de cambio y compañías de transporte sancionadas apuntan al mecanismo financiero y logístico que, según las autoridades estadounidenses, permite mover dinero y mercancía. Sin acceso a bancos ni servicios económicos en Estados Unidos, esas entidades quedan fuera del circuito financiero internacional más importante para el narcotráfico mexicano.
La declaración del cártel de Sinaloa como «organización narcoterrorista» en febrero de 2025 dio a Washington una herramienta adicional para justificar este tipo de medidas. Desde entonces, la presión sobre la organización ha combinado acciones penales, como la detención de El Mayo, con sanciones económicas contra su cúpula y su entorno civil.
El anuncio llega casi dos años después de la captura de El Mayo y en plena disputa entre Los Mayos y los Chapitos por el control del grupo. La lista publicada este martes nombra por primera vez de forma oficial a los hermanos Arzate como responsables de Tijuana y a Ponce como responsable de Mexicali, los dos puntos donde el cártel concentra su red de células según el Departamento de Estado.
Los sancionados no pueden operar con entidades estadounidenses ni mantener activos en ese país. Para las empresas locales incluidas, eso supone perder el acceso a corresponsales bancarios y a cualquier transacción en dólares, la moneda de referencia del comercio internacional.
