California y Nueva York lideran acciones legales contra acuerdos que priorizan combustibles fósiles y frenan la transición energética
Donald Trump enfrenta una ofensiva legal sin precedentes: los fiscales generales de nueve estados de EE.UU. —con Nueva York a la cabeza— han llevado a su Administración a los tribunales por acuerdos que cancelan proyectos de energía eólica marina a cambio de pagos millonarios a empresas privadas. Los estados exigen bloquear transacciones que suman 1.400 millones de dólares en fondos públicos para abandonar iniciativas que, según estimaciones estatales, habrían generado 16.000 millones de inversión y 2.800 empleos en Nueva York.
La demanda, presentada este martes, acusa a la Administración federal de priorizar intereses corporativos sobre el desarrollo energético sostenible. Mientras, California ha iniciado su propia acción legal contra el Gobierno de Trump y la empresa Invenergy por un acuerdo de 111 millones de dólares para cancelar un proyecto en Morro Bay, en la costa central del estado. El pacto incluye una cláusula que obliga a la empresa a destinar fondos equivalentes a proyectos de combustibles fósiles o geotérmicos fuera de California, lo que el estado considera una vulneración de leyes federales.
Estos acuerdos se suman a otros 4.000 millones de dólares ya comprometidos por la Administración Trump para cancelar proyectos eólicos en California, Nueva York y Luisiana. La estrategia, según denuncian los estados demandantes, convierte el freno a la energía eólica en un eje central de la política energética del presidente, mientras impulsa la explotación de combustibles fósiles.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha calificado los acuerdos de uso indebido de fondos públicos para beneficiar a empresas que abandonan proyectos ya planificados. California, por su parte, ya había impugnado en agosto un acuerdo similar con RWE U.S. Offshore, que supuso 1.220 millones de dólares para renunciar a contratos en sus costas.
El contexto legal: cómo la Administración Trump frena la energía eólica
La estrategia de Trump para frenar la energía eólica marina no es nueva. Desde su llegada al poder en 2017, su Administración ha intentado paralizar proyectos mediante órdenes ejecutivas, algunas de las cuales fueron bloqueadas por tribunales. Ahora, en lugar de recurrir a la vía judicial, opta por compensaciones económicas directas a las empresas promotoras.
Estos acuerdos, sin embargo, no están exentos de controversia. Los estados demandantes argumentan que violan leyes federales como la Ley de Energía Limpia y la Ley de Protección Ambiental, al priorizar pagos a corporaciones sobre el desarrollo de energías renovables. Además, cuestionan la transparencia de los procesos, ya que muchos de estos acuerdos se han negociado en secreto y sin consulta pública.
El Departamento del Interior, encargado de gestionar los arrendamientos marinos, ha justificado los pagos como una forma de evitar litigios costosos. Sin embargo, los fiscales generales de los estados afectados señalan que estas compensaciones benefician a empresas que ya habían obtenido permisos, sin garantizar que los fondos se destinen a proyectos de energía limpia.
¿Qué se juegan los estados y la Administración Trump?
Para los estados demandantes, como Nueva York y California, estos acuerdos representan un golpe a sus planes de transición energética. Ambos estados han invertido fuertemente en energías renovables, con metas ambiciosas para reducir emisiones y alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2050. La cancelación de proyectos eólicos no solo frena su desarrollo económico, sino que contradice sus compromisos climáticos.
Por su parte, la Administración Trump apuesta por revertir la política energética de la era Biden, que impulsó la energía eólica y solar como pilares de su estrategia climática. Para el presidente, estos proyectos son un obstáculo para la producción de combustibles fósiles, clave en su agenda económica. Sin embargo, los acuerdos de compensación han generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde algunos congresistas republicanos consideran que desvían fondos públicos hacia intereses privados sin un beneficio claro para el contribuyente.
El futuro de estos litigios dependerá de cómo los tribunales federales interpreten si estos acuerdos vulneran leyes ambientales o de competencia. Mientras tanto, la batalla legal se extiende: otros estados, como Massachusetts y Maine, han expresado su intención de unirse a las demandas, lo que podría convertir este conflicto en un precedente nacional sobre el papel del Gobierno federal en la transición energética.
Lo que está en juego no es solo el desarrollo de la energía eólica en EE.UU., sino el modelo energético del país. Mientras los estados avanzan hacia fuentes renovables, la Administración Trump apuesta por recuperar el dominio de los combustibles fósiles, en un momento en que el mundo mira a EE.UU. como líder —o como obstáculo— en la lucha contra el cambio climático.
