El Sindicato de Inquilinas exige contratos indefinidos, congelación de precios y fin de desahucios tras el caso de la inquilina madrileña
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha convertido el caso de Maricarmen en un «punto de no retorno» para la lucha por la vivienda y ha lanzado un ultimátum al Gobierno: si no aprueba el real decreto Maricarmen este martes, la organización considerará que el Ejecutivo «no tiene ningún sentido» y cuestionará su continuidad.
Del Río, que intervino antes de la manifestación Ni una Maricarmen más, denunció que el caso de esta inquilina —víctima de un desahucio sin alternativa habitacional— ha «conmocionado al país» y marcado un antes y después. «Ya no aceptamos vivir bajo leyes rentistas que ponen la vida por debajo del lucro de unos pocos», advirtió, dirigiendo sus críticas tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso. Acusó a la administración autonómica de convertir la región en un «paraíso de la especulación», citando ferias inmobiliarias para inversores y el uso de fondos públicos en «áticos de lujo».
El texto del real decreto Maricarmen, presentado a los grupos parlamentarios, exige cuatro medidas clave: contratos de alquiler indefinidos con renovación automática, congelación de precios, prohibición de fraudes en contratos por habitaciones o temporadas, y una moratoria real de desahucios sin alternativa. «Si no suben nuestros sueldos, no financiaremos a los rentistas», resumió Del Río, quien insistió en que la propuesta ya está en manos del Congreso. La movilización social, aseguró, será clave para «conquistar el derecho a la vivienda».
El caso de Maricarmen se enmarca en un contexto de tensión por la vivienda en Madrid, donde el 30% de los hogares destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler (datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística). El Gobierno central, criticado por usar el caso en su campaña contra el PP, aún no ha reaccionado oficialmente a las exigencias del sindicato. La presión crece: si el decreto no se aprueba, el movimiento inquilino amenaza con escalar su protesta más allá de las calles.
La propuesta del sindicato choca con la realidad legal actual: la Ley de Vivienda de 2023 ya incluye moratorias limitadas, pero su aplicación depende de cada comunidad autónoma. Madrid, gobernada por el PP, ha sido la última en aprobar medidas, lo que ha agravado la percepción de «inacción» denunciada por Del Río. Mientras, el Gobierno de Sánchez, en minoría, debe decidir si prioriza el decreto o enfrenta una crisis de legitimidad en un tema clave para el 60% de los votantes, según sondeos recientes.
