El borrador de real decreto, que afecta a 1,2 millones de alumnos, reduce aulas en Primaria y ESO y obliga a centros públicos y privados a cumplir nuevos estándares de seguridad y espacio por primera vez en 16 años
Irene Montero, ministra de Educación, ha presentado un borrador de real decreto que establece por primera vez requisitos mínimos estatales para todas las escuelas de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años) y reduce las ratios máximas de alumnos en todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato. El texto, al que ha tenido acceso El Mundo, modifica un decreto de 2010 y afecta a más de 1,2 millones de estudiantes en centros públicos, concertados y privados de todo el país.
Entre las novedades más destacadas figuran la obligación de que cada aula de 0 a 3 años cuente con un baño propio con dos lavabos y dos inodoros, áreas diferenciadas para el descanso e higiene de los niños, un espacio para preparar alimentos y un patio de juegos de al menos 75 metros cuadrados. Hasta ahora, estas condiciones dependían de las decisiones de cada comunidad autónoma.
El Gobierno también fija por primera vez las ratios máximas por aula según la edad: cuatro bebés de 0 a 1 año, seis de 1 a 2 años y ocho de 2 a 3 años. En etapas posteriores, las aulas pasarán de tener 25 alumnos en segundo ciclo de Infantil (3 a 6 años) a un máximo de 20; de 25 a 22 en Primaria (6 a 12 años); de 30 a 25 en ESO (12 a 16 años); y de 35 a 30 en Bachillerato (16 a 18 años). La Formación Profesional Básica quedará limitada a 15 alumnos por aula.
Además, el decreto exige que todos los centros estén climatizados para garantizar el confort térmico y adaptarse al cambio climático, con protocolos específicos para temperaturas extremas. Las escuelas infantiles de primer ciclo deberán contar con al menos tres unidades y aulas de dos metros cuadrados por puesto escolar, además de una sala polivalente de 30 metros cuadrados que, en el caso de los más pequeños, podrá usarse como comedor.
Un avance progresivo con plazos hasta 2030
La aplicación de estas nuevas normas será gradual. Las ratios en el primer ciclo de Infantil se implementarán a partir del curso 2027-28, afectando primero al primer año y extendiéndose progresivamente hasta 2029-30. Para el segundo ciclo de Infantil y Primaria, el calendario es similar, mientras que en ESO comenzará en 2028-29 y en Bachillerato en 2029-30. El Ministerio de Educación justifica este plazo en la necesidad de adaptar la infraestructura existente sin generar desequilibrios en la distribución de recursos.
El borrador, que aún debe ser debatido con las comunidades autónomas y los sindicatos de profesores, marca un giro en la política educativa al asumir competencias que hasta ahora eran gestionadas de forma desigual por las CCAA. Según el texto, la doctrina del Tribunal Constitucional avala esta regulación estatal con carácter básico, aunque deja claro que las comunidades podrán establecer ratios inferiores si así lo deciden.
El contexto: 16 años sin actualizar los requisitos mínimos
El decreto de 2010, que el actual borrador modifica, fue el último en establecer requisitos mínimos para los centros educativos en España. Desde entonces, las diferencias entre comunidades autónomas en infraestructuras, ratios y condiciones de seguridad han sido significativas. Por ejemplo, mientras algunas regiones como Cataluña o País Vasco han reducido las ratios en etapas tempranas por iniciativa propia, otras han mantenido cifras más altas, lo que ha generado desigualdades en el acceso a recursos según la zona geográfica.
Este nuevo marco busca homogeneizar los estándares, aunque su éxito dependerá de la financiación adicional que requiera su implementación. Según cálculos preliminares del Ministerio, la adaptación de los centros podría suponer una inversión de entre 500 y 800 millones de euros en los próximos cuatro años, dependiendo de las necesidades específicas de cada comunidad. El texto no detalla cómo se distribuirán estos fondos, pero sí subraya que las comunidades autónomas serán responsables de garantizar el cumplimiento en sus territorios.
¿Qué se juegan las CCAA y los sindicatos?
Las comunidades autónomas, con competencias transferidas en educación, verán limitada su autonomía para decidir sobre ratios y condiciones de los centros. Algunas, como Madrid o Andalucía, ya han expresado en declaraciones previas su disposición a negociar, aunque con reservas sobre los plazos y la financiación. Por su parte, los sindicatos de profesores, como CCOO y UGT, han mostrado su apoyo a la reducción de ratios, pero exigen que se garantice la contratación de más personal docente y no docente para hacer viable el cambio.
En el ámbito político, el Partido Popular ha criticado la medida por considerarla «demasiado lenta» y ha anunciado que presentará enmiendas para acelerar los plazos. Por su parte, Vox ha tachado el decreto de «intervencionista» y ha exigido que se priorice la construcción de nuevas escuelas en lugar de modificar las existentes. El PSOE, en cambio, ha destacado la importancia de «garantizar condiciones dignas para los más pequeños», aunque sin entrar en detalles sobre cómo se financiará.
El borrador también incluye una cláusula que obliga a los centros privados a cumplir estos mismos requisitos, algo que podría generar tensiones con las asociaciones de colegios concertados y privados, que hasta ahora han tenido mayor flexibilidad para adaptarse a las normas autonómicas.
La implementación de estas medidas, si finalmente se aprueba en los próximos meses, supondrá el mayor cambio en la normativa educativa desde la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006. Su impacto real dependerá no solo de su aprobación definitiva, sino también de cómo se gestione la transición y la financiación adicional necesaria para evitar colapsos en la infraestructura escolar.
