El Gobierno exigirá que la mitad del profesorado tenga título de doctor y blindará la presencialidad obligatoria en las carreras sanitarias
Un nuevo real decreto elevará las exigencias académicas para las universidades públicas y privadas en España. Pedro Sánchez anunció la medida durante una visita institucional en Madrid. El presidente del Gobierno acudió a las instalaciones del Instituto de Ciencias Matemáticas. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, acompañó al líder del Ejecutivo durante el recorrido por este centro mixto del CSIC.
La norma que prepara el Consejo de Ministros obligará a que al menos el 50 por ciento de los profesores de cada claustro sean doctores. El texto también fijará que el 40 por ciento de las contrataciones docentes se realicen a jornada completa. Con esta cláusula laboral, el Ejecutivo busca combatir la precarización en las plantillas docentes. El decreto establecerá además la obligatoriedad de la formación presencial en titulaciones estratégicas, con especial foco en las carreras del ámbito sanitario.
El contenido del decreto se someterá a negociación directa con los rectores y los representantes estudiantiles. El Gobierno abrirá de inmediato una mesa de trabajo con la CRUE. Las organizaciones de la comunidad universitaria participarán en la redacción final del articulado. La meta declarada del Ministerio consiste en evitar que determinados centros utilicen la alta demanda para ofertar títulos virtuales sin los estándares materiales adecuados.
El reparto de competencias sobre la ordenación académica universitaria
La regulación de las titulaciones oficiales y los requisitos mínimos de los centros universitarios corresponde a la Administración General del Estado. La Constitución española atribuye al Gobierno central la competencia exclusiva sobre la homologación de títulos y las condiciones básicas del derecho a la educación. Las comunidades autónomas, por su parte, ostentan las competencias de desarrollo legislativo, autorización de nuevos centros y financiación ordinaria de los campus públicos.
La legislación estatal marca los criterios para crear, reconocer y adscribir universidades en todo el territorio nacional. Los decretos reguladores del sistema universitario fijan ratios de personal investigador, instalaciones y volúmenes mínimos de doctorados. Las administraciones autonómicas deben verificar posteriormente que los proyectos universitarios cumplan esas normas antes de conceder la autorización legal de inicio de actividades docentes. El nuevo real decreto elevará el listón mínimo que las autonomías deben exigir en esas inspecciones técnicas periódicas.
La brecha de matriculaciones y la oferta en la Comunidad de Madrid
El escenario universitario español refleja una transformación profunda en las matriculaciones durante la última década. En este periodo, las universidades públicas registraron un crecimiento del 3% en su alumnado. En contraste con esa cifra, los campus privados experimentaron un incremento del 128%. En el segmento de posgrados y másteres oficiales, los centros privados triplicaron su volumen de estudiantes y ya superan el total matriculado en el sector público.
Pedro Sánchez vinculó directamente este trasvase formativo a las decisiones presupuestarias de los gobiernos autonómicos. El presidente señaló el caso de la Comunidad de Madrid como el ejemplo más claro de esta dinámica institucional. En el territorio madrileño funcionan actualmente 20 universidades, de las cuales 14 son de titularidad privada y 6 corresponden a la red pública. El jefe del Ejecutivo atribuyó este desequilibrio a una infrafinanciación continuada por parte de las administraciones regionales sobre las universidades públicas.
El desajuste de plazas y la dotación presupuestaria estatal
La tensión entre la oferta y la demanda de estudios superiores alcanzó cifras elevadas en el periodo académico reciente. Durante el curso 2024-25, las universidades públicas del país recibieron casi medio millón de solicitudes para poco más de 245.000 plazas disponibles. Esta brecha de más de 250.000 puestos obligó a miles de solicitantes a recurrir al sector privado ante la ausencia de vacantes en el sistema público. Según defendió el presidente, esta situación restringe la igualdad real de oportunidades para las familias españolas.
En términos presupuestarios, el Ejecutivo central destacó las partidas movilizadas desde el año 2018 para sostener los centros estatales. La financiación directa del Estado a la red pública subió un 78% desde esa fecha. Las universidades públicas gestionan hoy más de 600 millones de euros asignados a proyectos de investigación científica. A estos fondos se suma un plan estatal para la incorporación de nuevo profesorado y un presupuesto de 1.300 millones de euros en becas para el curso 2025/26, una cuantía un 45% superior a la de hace ocho años.
El debate político ante la expansión de los centros privados
La intervención de Sánchez introduce una confrontación institucional directa con las comunidades gobernadas por la oposición. El sector privado universitario ha concentrado sus aperturas en comunidades como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana. Para el Gobierno de España, las nuevas exigencias de doctores y presencialidad frenarán la proliferación de titulaciones que operan con estructuras comerciales mínimas. El control docente y laboral impactará de lleno en los planes de negocio de las entidades privadas en expansión.
Las comunidades autónomas que defienden la complementariedad público-privada deberán adaptar sus decretos de autorización a los nuevos baremos estatales. El real decreto restringirá la capacidad de las universidades para sustituir laboratorios o prácticas clínicas por programas teóricos a distancia. Tras la negociación preceptiva con la CRUE y el Consejo de Universidades, el texto pasará por los órganos consultivos del Estado antes de su ratificación formal por el Consejo de Ministros.
