El magistrado del Supremo ratifica el lucro personal en el 1-O a la espera de que el Constitucional revise el delito de malversación
La orden de detención nacional contra Carles Puigdemont seguirá vigente tras una nueva resolución judicial en Madrid. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó el último recurso presentado por el expresidente de la Generalitat para acogerse a la ley de amnistía. La decisión judicial frena el regreso inmediato a España del líder de Junts, quien permanece fuera del país desde los hechos del año 2017.
El instructor de la causa del proceso independentista fundamenta su negativa en el delito de malversación de caudales públicos. Para el magistrado, los máximos responsables del ejecutivo catalán de entonces obtuvieron un beneficio patrimonial al financiar el referéndum del 1 de octubre con fondos institucionales. Según este criterio jurídico, los organizadores habrían tenido que emplear su propio dinero privado para costear las votaciones de no haber recurrido a las arcas públicas.
La resolución descarta que el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligue a levantar las medidas cautelares. La justicia europea determinó en julio que no se comprometieron intereses financieros de la Unión durante el proceso soberanista. Llarena admitió en su escrito que ese argumento sobre los fondos comunitarios queda desactivado. Pese a ello, el juez remarcó que el pronunciamiento europeo no afecta a su interpretación sobre el enriquecimiento ilícito de los cargos procesados.
La negativa del Supremo también alcanza la petición del exconcejales Toni Comín, procesado dentro del mismo procedimiento. Junto a ellos, dirigentes como el líder de Ezquerra Republicana Oriol Junqueras mantienen recurrida esta interpretación penal ante el Tribunal Constitucional. El tribunal de garantías tiene previsto resolver el primer recurso de amparo durante el próximo mes de octubre. Un eventual fallo favorable a las defensas obligaría a retirar las órdenes de detención activas.
El auto judicial precisa que la decisión adoptada no tiene carácter irreversible. Llarena dejó la puerta abierta a formular nuevas peticiones procesales si cambian las circunstancias del caso en el futuro. No obstante, las fuentes del alto tribunal no descartan elevar en los próximos meses una cuestión prejudicial a Luxemburgo centrada de forma exclusiva en la malversación.
