La Fiscalía remite al juzgado casos de maltrato físico y amenazas en centros de protección autonómicos; dos hombres de seguridad ya han sido destituidos
Menores migrantes no acompañadas en Ceuta han denunciado ante la Fiscalía de Menores abusos, vejaciones y malos tratos en centros de acogida gestionados por la red autonómica de protección. Según fuentes de la Fiscalía confirmadas a El País y EFE, varias adolescentes abandonaron estos centros por castigos físicos, amenazas de devolución a Marruecos y falta de atención médica. Una de ellas declaró: *»Nos llaman putas constantemente, nos golpean, nos castigan si pedimos usar el móvil o una almohada»*. Las menores también denunciaron insultos de índole sexual y amenazas de violación explícitas.
La Fiscalía de Ceuta ha trasladado estas denuncias al juzgado para evitar duplicidades en la investigación, aunque aclaró que no se trata de una investigación generalizada. El pasado jueves, el área de menores de la ciudad intervino tras tomar declaraciones a las afectadas e identificó a dos hombres de seguridad —ya destituidos— y a una educadora acusados de maltrato. Las fuentes precisaron que la Fiscalía actúa «dentro de sus competencias» ante hechos que puedan revestir caracteres delictivos, pero que su carga de trabajo actual justifica derivar los casos al órgano judicial.
Estos hechos se enmarcan en la crisis humanitaria de Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes ha colapsado los recursos locales. La ciudad autónoma, con una capacidad limitada en centros de acogida, depende de la red autonómica para la protección de menores, un ámbito especialmente sensible por los riesgos de vulneración de derechos. La Fiscalía ha subrayado que mantiene una «especial atención» a la integridad de los menores bajo protección, aunque no ha confirmado si se abrirán diligencias penales específicas contra los implicados.
El caso reviste especial gravedad por el perfil de las víctimas: menores no acompañadas, muchas de ellas mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad. Las denuncias coinciden con un aumento de la presión sobre los centros de acogida, donde el personal —según las menores— aplicaría castigos disciplinarios desproporcionados, como privarles de almohadas o móviles. La intervención del jueves fue la primera respuesta institucional tras las denuncias, aunque no se ha detallado si se han abierto investigaciones penales contra los trabajadores implicados.
La situación refleja tensiones previas en la gestión de la migración en Ceuta, donde organizaciones como Cepaim ya habían alertado en 2025 sobre la saturación de recursos y la falta de personal especializado en menores. El Gobierno autonómico, por su parte, ha evitado pronunciarse públicamente sobre estos casos, aunque fuentes internas reconocieron a este medio que la situación «requiere una revisión urgente» de los protocolos en centros de protección.
