Dámaso Fernández, condenado a año y ocho meses de prisión por malos tratos y coacciones, fue expulsado del cuerpo un año antes del crimen, pero la víctima no fue informada
La Guardia Civil expulsó del cuerpo a Dámaso Fernández, agente condenado por malos tratos y coacciones contra su expareja, Laura Cruz, un año antes de que esta fuera asesinada en Llanes (Asturias) el pasado 6 de agosto de 2026. La víctima, también guardia civil y encargada de tramitar denuncias por violencia de género en su cuartel, desconocía la expulsión de Fernández, según fuentes allegadas a la familia.
Fernández acumuló unas 45 denuncias penales contra Cruz entre 2014 y 2019, presentadas mayoritariamente en el cuartel donde ella trabajaba. Todas fueron archivadas, pero el comandante del puesto declaró en un procedimiento interno que el objetivo era «joderla». En 2019, Fernández agredió a Cruz ante sus tres hijos y 12 testigos ajenos al cuerpo, tras intentar acceder al cuartel con su vehículo. Aunque portaba una pistola en el maletero —que alegó buscar «juguetes de los niños»—, solo fue condenado en 2024 por malos tratos y coacciones, con penas que sumaban un año y ocho meses de prisión, además de la prohibición de tenencia de armas y de acercarse a la víctima.
La sentencia, ratificada por la Audiencia Provincial de Oviedo en julio de 2025, no impidió que Fernández intentara condicionar la venta del piso en común a cambio de que Cruz retirara una denuncia penal. En agosto de 2025, ella lo denunció nuevamente por coacciones y quebrantamiento de la orden de alejamiento, que expiró en diciembre de ese año sin que se prorrogara. La abogada de Cruz, Isabel Buj, solicitó la extensión de la medida, pero el juzgado la denegó.
El expediente disciplinario que llevó a la expulsión de Fernández se abrió tras la condena penal, pero la víctima no fue informada de la resolución. «Si lo hubiera sabido, hubiera estado alerta. Era a lo que más miedo tenía Laura, a que lo echaran, porque la Guardia Civil para él lo era todo. Ya no tenía nada que perder», declaró una fuente cercana a Cruz. La falta de comunicación entre la institución y la víctima se suma a las críticas por la gestión del caso, que incluyó dos nulidades en el juicio penal antes de la sentencia definitiva.
El asesinato de Laura Cruz, ocurrido cuando Fernández incumplió la orden de alejamiento, ha reabierto el debate sobre los protocolos de protección a víctimas de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil no ha respondido aún a las preguntas sobre por qué no se notificó a Cruz la expulsión de su agresor, ni sobre las medidas adoptadas para evitar que agentes condenados por delitos de género sigan en activo.
