El caso, investigado como homicidio, reabre el debate sobre la protección a mujeres trans migrantes sin documentación actualizada
La Asociación Trans de Andalucía-Sylvia Rivera (Ata) ha presentado tres escritos ante instancias judiciales y el Gobierno para que el asesinato de Franyel, mujer trans de 35 años asesinada por su pareja en San Pedro Alcántara (Marbella), sea reconocido como víctima de violencia machista. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó que el caso lo investiga una sección de instrucción genérica, no especializada en violencia de género, al no estar actualizada la identidad de Franyel en el Registro Civil.
Los escritos se dirigen a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella, a la Fiscalía Provincial de Málaga (Sección de Violencia sobre la Mujer) y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ata argumenta que la falta de documentación registral no debe anular la protección legal, ya que Franyel era una mujer en una relación de pareja con un hombre. «Interpretar una norma destinada a proteger a las mujeres de una forma que la deje fuera por lo que figura en un documento sería contrario a su propio espíritu», declaró Mar Cambrollé, presidenta de ATA.
El presunto homicida, un hombre de 59 años, fue detenido el lunes tras confesar el crimen y permanece en prisión provisional sin fianza. La Fiscalía investiga un delito de homicidio, no de violencia de género, al no cumplirse el requisito legal de que la víctima figure como mujer en el Registro Civil. La ley integral contra la violencia de género de 2004 exige este trámite para activar los protocolos especializados.
El caso ha dividido a colectivos feministas. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres, contraria a la ley trans, respalda la decisión judicial: «No concurre el presupuesto legal de un hombre que ejerce violencia sobre una mujer que es o ha sido su pareja», argumentan, aludiendo al sexo biológico y registral. ATA, en cambio, advierte de que esta interpretación excluye a mujeres trans migrantes, cuya documentación de origen puede no reflejar su identidad de género.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, recibirá la solicitud de ATA para garantizar un tratamiento institucional con perspectiva de género. Cambrollé subrayó que la resolución «marcará qué respuesta encuentran otras mujeres trans, especialmente migrantes, ante la violencia machista».
Fuente: infoLibre
