El área de Menores aparta a dos vigilantes de seguridad e identifica a una educadora tras las denuncias de varias adolescentes acogidas
Los juzgados de Ceuta investigarán las denuncias por agresiones presentadas por varias menores migrantes no acompañadas. Las adolescentes residían en centros de acogida de la red pública de protección de la ciudad autónoma. En sus testimonios ante la Policía relataron haber sufrido abusos continuados, malos tratos físicos y vejaciones graves.
La Fiscalía de Menores optó por enviar directamente las actuaciones a la sede judicial competente. El Ministerio Público atribuyó este paso a razones de orden funcional y reparto organizativo ante su alta carga de tareas. Con este movimiento procesal se evita abrir pesquisas paralelas y se agiliza la instrucción penal de los hechos denunciados.
Las víctimas decidieron abandonar dos centros de la red ceutí para escapar de los castigos. Las jóvenes denunciaron la privación continuada de atención médica y coacciones constantes de los empleados con expulsarlas hacia Marruecos. Una de las chicas describió golpes sistemáticos e insultos reiterados en las instalaciones de estancia. Otra de las denunciantes refirió amenazas explícitas de agresión sexual e intimidaciones verbales por parte del personal de vigilancia.
El área de Menores de la administración autonómica actuó de forma inmediata el pasado jueves tras tomar declaración a las internas. La intervención administrativa derivó en el cese preventivo de dos vigilantes varones señalados en los atestados policiales. La entidad responsable del servicio los sustituyó por mujeres para reforzar la protección del recinto. El expediente autonómico también identificó a una educadora acusada de infligir maltrato a las jóvenes acogidas.
El Ministerio Público aclaró que no mantiene incoada ninguna causa general sobre la totalidad de los centros ceutíes. Su intervención penal se circunscribe con exclusividad a los incidentes específicos relatados en los atestados policiales. La institución aseguró que mantendrá un seguimiento estrecho sobre la salvaguarda de los derechos y la integridad física de las adolescentes tuteladas.
