El Ministerio Público cuestiona el beneficio penitenciario para la exjefa de ETA, que cumple condena de 800 años por 14 asesinatos y podría salir en 2034
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido este viernes la concesión de semilibertad a María Soledad Izaguirre ‘Anotó’, exjefa de ETA, por segunda vez en cinco meses. El Gobierno vasco, dirigido por la consejera de Justicia María Jesús San José, autorizó el pasado 4 de septiembre su salida diaria de prisión bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, un beneficio que el Ministerio Público considera injustificado tras el auto del juez José Luis de Castro en abril que anuló su primera semilibertad.
Anotó, condenada a más de 800 años de prisión por su implicación en 14 asesinatos —incluida la colocación de un coche bomba en Vitoria en 1985—, cumple pena en la cárcel de Zubieta (Guipúzcoa). Su fecha de excarcelación se redujo de 2049 a 2034 tras una reforma legal de 2024 que descuenta el tiempo cumplido en Francia. Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las prisiones de Zaballa, Zubieta y Basauri, ha acelerado permisos y terceros grados para etarras, como Garikoitz Azpiazu Tversky y Henri Parot, ya en semilibertad.
El lehendakari Imanol Pradales defendió esta estrategia como ‘herramientas legales individualizadas’, pero el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denuncia una ‘amnistía encubierta’. El juez De Castro advirtió en abril que estas excarcelaciones generan ‘desasosiego innecesario’ en las víctimas. Anotó, descrita como ‘mala y antipática’ por fuentes penitenciarias, perdió en 2024 el control del economato de su módulo y solicitó su traslado a Martutene (San Sebastián), centro desde el que se han concedido permisos a otros etarras.
La Fiscalía argumenta que no hay ‘ningún cambio relevante’ desde el auto de abril, que anuló su primera semilibertad por no seguir el procedimiento legal. El Gobierno vasco, sin embargo, insiste en aplicar el artículo 100.2, que permite salidas diarias bajo supervisión. Anotó cumplió 15 años en Francia antes de ser extraditada en 2019, y su caso refleja la tensión entre políticas de reinserción y reparación para las víctimas.
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