Trump cierra la disputa con Dinamarca: garantías contra Rusia y China, pero sin soberanía estadounidense
Donald Trump ha anunciado el cierre de la disputa diplomática sobre Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa, tras lograr lo que su administración considera esencial: acceso militar permanente a la isla sin necesidad de comprar el territorio ni asumir su soberanía. La Casa Blanca celebra el acuerdo como una victoria estratégica para evitar que Rusia o China fortalezcan su presencia en la región ártica, clave para la seguridad global.
El pacto, aún pendiente de firma, trámites parlamentarios y publicación de sus condiciones detalladas, evita la compra directa de Groenlandia —un escenario que Trump había explorado en 2019— y se centra en acuerdos bilaterales con Dinamarca que permitan a EE.UU. establecer bases militares y operar en la zona sin transferencia de soberanía. Fuentes de la administración estadounidense confirmaron a ABC que el objetivo prioritario era bloquear cualquier intento de Pekín o Moscú de expandir su influencia en el Ártico, una región donde ambos países han incrementado su actividad militar y logística en los últimos años.
El acuerdo, según detalles adelantados por la Casa Blanca, incluirá garantías legales para que Dinamarca —y, por extensión, Groenlandia— no permita la instalación de infraestructuras militares rusas o chinas en su territorio. Esto se traduciría en controles estrictos sobre permisos de construcción, acceso a puertos y uso de espacios estratégicos, aunque sin restricciones comerciales o civiles. La autogobierno de Groenlandia, que en 2009 amplió sus competencias tras un referéndum, deberá ser consultado en el proceso, aunque su margen de negociación será limitado en temas de seguridad nacional.
El contexto histórico: por qué Groenlandia es clave para EE.UU. y sus rivales
Groenlandia, con una superficie de 2,16 millones de kilómetros cuadrados —mayor que la de México—, es un punto geopolítico crítico por su ubicación estratégica en el Ártico. Su posición le permite a quien controle sus costas y bases dominar rutas marítimas emergentes, como el Pasaje del Noroeste, que conecta el Atlántico con el Pacífico sin pasar por el Canal de Panamá. Durante la Guerra Fría, EE.UU. ya operó en la isla bajo acuerdos con Dinamarca, pero la caída de la URSS y la reducción de tensiones globales llevaron a una disminución de su presencia militar.
Sin embargo, el resurgimiento de Rusia como potencia ártica —con inversiones en puertos como Pevek o Dudinka— y el interés de China por acceder a rutas polares y recursos naturales han reavivado el interés estadounidense. Groenlandia, con su infraestructura portuaria en desarrollo (como el puerto de Nuuk) y su proximidad a la costa este de Canadá, se ha convertido en un tablero de ajedrez geopolítico. El acuerdo actual busca evitar que Pekín repita estrategias como las usadas en Pakistán o Sri Lanka, donde ha obtenido concesiones a largo plazo a cambio de inversiones, o que Moscú recupere influencia en una zona que perdió tras la disolución de la URSS.
Dinamarca, por su parte, ha mantenido una postura ambivalente: por un lado, depende económicamente de subsidios europeos y de la cooperación con Washington en defensa; por otro, Groenlandia —con una población de unos 56.000 habitantes y un gobierno autónomo desde 2009— ha mostrado en el pasado reticencias a ceder soberanía, incluso parcial. En 2019, el entonces presidente Kim Kelsen rechazó una oferta de Trump de comprar la isla por 20.000 millones de dólares, argumentando que «Groenlandia no está en venta». El nuevo acuerdo, al evitar la compra, podría ser más fácil de vender políticamente en Copenhague y Nuuk.
¿Qué sigue ahora? Trámites, resistencias y el papel de Europa
Aunque Trump ha presentado el acuerdo como un «éxito», su implementación enfrenta varios obstáculos. En primer lugar, el Parlamento danés —controlado por una coalición de centro-derecha— deberá aprobar los términos, especialmente las cláusulas que limiten la autonomía groenlandesa en materia de seguridad. El gobierno autónomo de Groenlandia, liderado por Kim Kelsen (del partido Siumut, socialdemócrata), ha declarado que será consultado, pero su margen de maniobra es limitado: cualquier veto podría romper el acuerdo y dejar a EE.UU. sin las garantías buscadas.
En segundo lugar, Europa podría ver con recelo cualquier acuerdo que refuerce la presencia militar de EE.UU. en su vecindad, especialmente si se percibe como una respuesta a la expansión de China o Rusia en la región. La UE ya ha expresado preocupaciones previas por la militarización del Ártico, y países como Francia o Alemania podrían presionar para que cualquier acuerdo incluya salvaguardas que eviten una escalada de tensiones. Además, Groenlandia es miembro asociado del Consejo Ártico, un foro que agrupa a ocho países con intereses en la región, y cualquier cambio en su estatus podría requerir negociaciones adicionales con Canadá, Noruega o Suecia.
Por último, el acuerdo depende de la estabilidad política en EE.UU. Si Trump pierde las elecciones de 2028 —o incluso antes, si su gobierno enfrenta nuevos escándalos—, la administración entrante podría replantearse los términos. Históricamente, los acuerdos de defensa en el Ártico han sido objeto de revisión cada vez que cambia el partido en el poder, como ocurrió con la base de Thule en Groenlandia durante los años 80 y 90.
Lo que sí parece claro es que, independientemente de los trámites, el acuerdo sienta un precedente: por primera vez desde la Guerra Fría, EE.UU. ha logrado un compromiso formal con Dinamarca para limitar el acceso de potencias rivales a una zona crítica. Para Groenlandia, sin embargo, el desafío será equilibrar su autonomía con las demandas de seguridad de sus aliados tradicionales.
