Mientras el PP apuesta por construir viviendas, Vox vincula la crisis de alquiler a la inmigración masiva y critica a Ayuso por facilidades fiscales a extranjeros
El caso Maricarmen —la anciana de 87 años desalojada en Madrid— ha reavivado el debate sobre la vivienda en España, exponiendo las diferencias entre el PP y Vox, pese a su alianza en cuatro comunidades autónomas. Ambos partidos coinciden en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, pero mientras el PP culpa a la falta de oferta pública y privada, Vox acusa directamente a la inmigración de agravar la crisis.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció el lunes su compromiso de construir un millón de viviendas si su partido llega al Gobierno, una cifra que busca contrarrestar lo que considera un fracaso de Sánchez en el sector. Feijóo insistió en que el problema no es la demanda, sino la escasez de viviendas asequibles, y evitó mencionar la inmigración como causa directa, aunque sí permitió facilidades fiscales para extranjeros que inviertan en el sector.
Por su parte, Vox profundizó en el vínculo entre inmigración y vivienda. Su portavoz adjunto en el Congreso, Carlos H. Quero, doctor en Historia Contemporánea y especializado en políticas urbanas, acusó a la inmigración masiva de colapsar el mercado residencial y extender el hacinamiento. Quero, conocido por sus posturas radicales, criticó además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las deducciones fiscales que benefician a extranjeros que compran viviendas en la región.
Las tensiones entre ambos partidos también se reflejan en sus alianzas: mientras el PP gobierna junto a Vox en cuatro comunidades, las encuestas sugieren que podrían repetir el escenario en el próximo Gobierno central. Sin embargo, sus enfoques divergen: el PP prioriza la construcción de viviendas, mientras Vox insiste en que la solución pasa por frenar la inmigración, una postura que ya ha generado críticas incluso dentro de la derecha tradicional.
El Consejo de Ministros debe concretar este martes el contenido del decreto Maricarmen, una medida que llega en un contexto de creciente presión social, como demuestra la acampada en Sol que recuerda a las protestas del 15-M. Mientras, el debate sobre vivienda sigue polarizado: ¿es un problema de oferta, como defiende el PP, o de demanda descontrolada, como argumenta Vox?
