El juez Santiago Pedraz investiga maniobras para interferir en causas judiciales vinculadas al entorno del presidente
La Fiscalía provincial de Badajoz ha remitido a la Audiencia Nacional las diligencias previas abiertas contra Leire Díez por presuntas maniobras para amedrentar a la jueza Beatriz Viedma, instructora del caso contra David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez. El fiscal jefe provincial, José Luis Alonso Tejuca, respondió al juez Santiago Pedraz —instructor de la causa de las ‘cloacas’ socialistas— con un oficio del 7 de septiembre que detalla cómo se gestionaron los expedientes en Badajoz antes de su traslado a Madrid.
Las causas, iniciadas en junio de 2025 por querellas de Hazte Oír y Manos Limpias, acusaban a Díez y al exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada de intentar presionar a Viedma para apartarla del caso. Según el oficio, los fiscales Diego Yebra Rovira y Soledad Lavado Asensio se limitaron a resolver la competencia territorial, remitiendo los asuntos a Madrid el 20 y 11 de julio de 2025, respectivamente. La Fiscalía aclara que no hubo instrucciones de archivo ni reuniones internas, y que toda la documentación relevante se extrajo del sistema judicial Visor Horus.
El juez Pedraz investiga ahora si hubo interferencias en causas vinculadas al entorno del Gobierno, incluyendo el procedimiento que instruyó Viedma contra David Sánchez. Las comunicaciones internas entre fiscales, como correos y mensajes de WhatsApp, revelan una coordinación técnica pero sin indicios de manipulación, según el documento. La Audiencia Nacional ya acumuló ambas causas en Madrid para analizar su posible vinculación con las ‘cloacas’ socialistas.
Las diligencias previas en Badajoz (DP 929/25 y DP 900/25) se asignaron según el reparto de trabajo vigente desde junio de 2025. La Fiscalía General del Estado, a través de Diego Villafañe Díez, intervino con documentos jurídicos para respaldar la decisión de inhibición. Sin embargo, el juez Pedraz examina si hubo irregularidades en la gestión de estos expedientes, especialmente por las acusaciones de presiones a jueces.
El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre posibles interferencias políticas en la justicia, con especial atención a las relaciones entre el Gobierno y el poder judicial. La remisión a Madrid abre una nueva fase para determinar si hubo intentos de influir en causas sensibles, como la instruida por Viedma contra David Sánchez.
