Sáenz de Tejada admitió conocer su domicilio y el colegio de sus hijas; Rocho, vinculada al narcotráfico, denuncia que le enviaron fotos de la magistrada
Beatriz Viedma, jueza que instruyó la causa contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno—, ha sido objeto de un intento de intimidación orquestado desde círculos vinculados al narcotráfico y un exjuez expulsado de la carrera judicial. Según revelaciones de The Objective, Luis José Sáenz de Tejada —condenado por violencia de género y expulsado en 2022— reconoció conocer su domicilio y el colegio de sus hijas, además de haber facilitado datos a intermediarios cercanos al narcotraficante conocido como «El Gitano».
El exjuez admitió reunirse con personas del entorno de «El Gitano» en Cádiz, donde se habló de enviar mensajes intimidatorios a Viedma, como grabarla en espacios públicos. Un intermediario rechazó la propuesta, pero las gestiones para obtener información sobre la jueza comenzaron en octubre de 2024, cuando dos militantes socialistas —en nombre de Leire Díez— viajaron a Badajoz para recabar datos sobre Viedma y su entorno familiar.
Por su parte, Cintia Rocho —vinculada a un clan del narcotráfico de Badajoz y conocida como «La Celsa»— aseguró en Telecinco que recibió fotos de Viedma, sus hijas y otras trabajadoras del juzgado, enviadas por dos hombres que se presentaron como «magistrado y abogado». Rocho negó colaborar y prometió facilitar los nombres de sus interlocutores a la Guardia Civil. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) investiga un grupo de WhatsApp llamado «Vacaciones y Viajes», donde aparecen Díez, Sáenz de Tejada, el empresario Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, vinculado a la trama.
El caso se enmarca en un contexto de creciente polarización judicial, donde Viedma —designada para investigar los presuntos delitos de David Sánchez— ha sido objeto de críticas y presiones. Sáenz de Tejada, tras su expulsión, creó el canal «Magistrado Anticorrupción TV» para atacar a la jueza, mientras que Díez —condenada en 2023 por prevaricación— aparece como figura central en estas maniobras. La anotación «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano» en una agenda intervenida a Díez refuerza la conexión entre narcotráfico, intimidación y la trama política.
La Guardia Civil y la UCO ya examinan estos hechos, que podrían escalar a un caso de acoso judicial con motivaciones políticas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado podrían verse involucrados si se confirma la existencia de una red de presión contra Viedma, cuya imparcialidad es clave en un proceso que podría afectar al Gobierno.
