Cintia Rocho, testigo clave, revela que un clan narcotraficante de Badajoz intentó usarla para presionar a la magistrada tras el asesinato de su marido
La magistrada instructora **Beatriz Viedma**, encargada de la investigación contra **David Sánchez** (hermano del presidente del Gobierno), ha denunciado amenazas vinculadas a la trama conocida como *las cloacas del PSOE*. Según su escrito presentado el **16 de septiembre**, Viedma solicita investigar los contactos entre la red de **Leire Díez** y un grupo dedicado al narcotráfico en Badajoz, que habría intentado amedrentarla para frenar su investigación.
El origen de las amenazas se remonta a una anotación en la agenda de Díez: *»Juez Badajoz. La Celsa. Heroína. Gitano»*, fechada el **25 de marzo de 2025**. **Cintia Rocho**, identificada como *»La Celsa»*, aseguró en *El Tiempo Justo* (Telecinco) que recibió llamadas para presionarla. Su marido fue tiroteado en un bar —con ella presente—, y su padre fue asesinado 10 meses después. Rocho, de familia extremeña, negó haber colaborado con las amenazas: *Rocho afirmó que no había cedido ante nada y que solo quería que se encontraran a los asesinos de su marido.*.
Rocho recibió información detallada sobre Viedma: su dirección, fotos de sus rutinas y datos personales. *Rocho dijo que le habían enviado la dirección de la casa, el gimnasio y otras rutinas de la jueza, preguntando por qué le enviaban esa información.*, cuestionó. Aunque inicialmente pensó que buscaban demandar a la jueza, luego entendió que pretendían usarla como Rocho explicó que la intención era usarla como cabeza de turco. Dos personas —un juez y un abogado, según Rocho— contactaron con ella, pero se negó a revelar sus identidades.
El caso se enmarca en la investigación de las *cloacas del PSOE*, vinculada a la trama de **Leire Díez**, y afecta directamente a la magistrada **Beatriz Viedma**, quien instruye también el caso de **David Sánchez**. La jueza ya había sido objeto de presiones previas, como la anotación en la agenda de Díez, que ahora se relaciona con un entorno de narcotráfico en Badajoz. Rocho insistió en que su familia no ha participado en las amenazas contra Viedma, pero su testimonio refuerza la teoría de una red organizada para obstaculizar la justicia.
La fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) deberán analizar si estos hechos configuran un delito de coacciones o amenazas contra la autoridad judicial. Mientras, Viedma sigue adelante con la investigación, que podría revelar conexiones entre corrupción política y crimen organizado en la región.
