La proposición de ley, que se votará este martes, busca corregir las reducciones actuales para trabajadores con carreras largas
El Congreso debatirá este martes, 22 de septiembre, una proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de trabajadores con **40 o más años cotizados**. La medida, que afecta directamente a pensionistas de la Seguridad Social, busca corregir las penalizaciones actuales aplicadas a quienes acceden a la jubilación antes de la edad ordinaria, incluso con carreras completas.
Los coeficientes reductores son descuentos en la pensión para quienes se jubilan antes de los 65 años, aunque hayan cotizado el tiempo mínimo exigido. Según datos de la Seguridad Social, estos descuentos pueden llegar hasta un **22% en casos extremos**, incluso para quienes han cotizado 40 años o más. La proposición de ley propone suprimir estas reducciones para este colectivo, alineándose con demandas históricas de sindicatos como CCOO y UGT, que denuncian desde hace años que estas penalizaciones castigan a trabajadores con trayectorias largas y sectores como la minería o la industria.
El debate llega en un contexto de tensiones políticas alrededor de las pensiones, con el Gobierno en funciones y los partidos en plena campaña para las elecciones de diciembre. El PSOE y Sumar han mostrado apoyo a la iniciativa, mientras que el PP y Vox han criticado en el pasado cualquier flexibilización en las reglas de jubilación anticipada, argumentando que podría incentivar salidas prematuras del mercado laboral. La decisión final dependerá de los grupos parlamentarios, aunque la tramitación acelerada sugiere que podría aprobarse antes de que termine el año.
La medida, si prospera, afectaría a unos **120.000 pensionistas anuales** según estimaciones de la Seguridad Social, aunque el impacto real dependerá de cómo se defina el umbral de 40 años cotizados y si se incluyen periodos de cotización parcial o bonificada. El texto también abre la puerta a negociar con las comunidades autónomas, ya que algunas, como Cataluña o País Vasco, ya aplican bonificaciones similares para sectores estratégicos.
