Actualización (17 de septiembre a las 16:41):
El PSOE extremeño confirma las renuncias anunciadas tras la decisión de la Audiencia Provincial sobre las penas de inhabilitación
Ricardo Cabezas, diputado de la Diputación de Badajoz y exlíder provincial del PSOE, y Francisco Martos, alcalde de Castuera, presentarán su renuncia a sus cargos en las próximas horas. Lo han anunciado los propios afectados tras conocer la aclaración de la Audiencia Provincial sobre las penas de inhabilitación impuestas en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la institución provincial.
Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en Extremadura, ha confirmado que las renuncias ya estaban anunciadas y que no suponen «nada nuevo». Cabezas había advertido que dimitiría «en las siguientes horas» tras conocer la aclaración judicial, mientras que Martos, que ocupaba un cargo en la Diputación cuando ocurrieron los hechos, también presentará su dimisión. Ambos seguirán ejercitando su derecho a la defensa, según ha señalado Cotrina, quien confía en que «en instancias superiores esto quedará en nada».
El caso se remonta a la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, un hecho que generó polémica y derivó en penas de inhabilitación para varios cargos del PSOE extremeño. La Audiencia Provincial ha aclarado ahora las penas, un paso que ha acelerado las renuncias anunciadas. Además, la Diputación de Badajoz ha decidido no reclamar los sueldos a David Sánchez y a Luis Carrero, una postura avalada por informes jurídicos internos, según ha explicado Cotrina.
Las renuncias de Cabezas y Martos afectan directamente a la estructura del PSOE en Extremadura, donde el partido ya enfrenta tensiones por casos de corrupción y gestión pública. La decisión también refuerza el debate sobre la transparencia en la contratación de cargos públicos, especialmente cuando están involucrados familiares de figuras políticas de primer nivel. El caso podría escalar a instancias superiores, donde el PSOE confía en que se revierta la decisión.
El PSOE extremeño confirma la renuncia de dos cargos condenados por prevaricación en la contratación del hermano del presidente del Gobierno
Ricardo Cabezas, diputado provincial de Cultura en Badajoz, y Francisco Martos, exdiputado y alcalde de Castuera, presentarán su renuncia «en horas» a sus cargos tras la ratificación de su inhabilitación por la Audiencia Provincial de Badajoz en el caso de contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón.
La sentencia, confirmada este jueves, mantiene la condena de nueve años de inhabilitación para cargos públicos a ambos por prevaricación administrativa. Cabezas, candidato a la alcaldía de Badajoz por el PSOE en dos ocasiones, era concejal en la oposición del Ayuntamiento pacense. Martos, alcalde de Castuera, suma así su dimisión a la de otros nueve condenados en el mismo caso, entre ellos el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien dimitió en mayo tras ser inhabilitado por 18 meses.
La Audiencia aclaró que la inhabilitación impide a los condenados presentarse a cargos públicos o desempeñar puestos discrecionales durante el tiempo de la condena, incluyendo la pérdida de los honores anejos a sus puestos. La decisión deja sin efecto cualquier posibilidad de que Cabezas o Martos sigan en la política activa, al menos hasta que finalice su pena.
El secretario regional del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, anunció la renuncia tras consultar con ambos. Cotrina, quien asumió el liderazgo del partido tras la dimisión de Gallardo, recordó que Cabezas ya había anticipado su salida en cuanto se resolviera la sentencia. «Les digo que en las próximas horas presentarán su renuncia, tal como ellos ya habían anunciado», declaró.
El caso, que involucra a 11 condenados en total, gira en torno a la contratación irregular de David Sánchez Pérez-Castejón como alto cargo en la Diputación de Badajoz. La Audiencia también rechazó la devolución de los salarios percibidos por el hermano del presidente del Gobierno durante su etapa al frente de la Oficina de Artes Escénicas, decisión avalada por informes jurídicos internos de la institución.
Mientras, la magistrada instructora del caso, Beatriz Viedma, solicitó ser acusación particular en la investigación paralela sobre la denominada «cloaca del PSOE», alegando haber sido intimidada por contactos entre la red de Leire Díez y un clan de la droga de Badajoz. Sánchez Cotrina se limitó a defender el Estado de derecho: «El Estado de derecho está para que cualquier ciudadano que entienda que ha sido perjudicado lo utilice».
