El ministro de Transportes reconoce ‘sorpresa’ y dudas sobre alternativas mientras la Audiencia Nacional frena la instalación en el puerto
Óscar Puente, ministro de Transportes, ha reconocido hoy su ‘sorpresa’ y la falta de alternativas claras tras la paralización judicial del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta. La Audiencia Nacional frenó la instalación de las dos parcelas asignadas por su departamento al Ministerio de Migraciones, dejando al Gobierno sin solución inmediata para gestionar la crisis. Puente admitió incluso: *»A ver qué hacemos»*, al confirmar que el permiso otorgado para los campamentos solo buscaba recoger a los migrantes que ya están en la calle o en la Playa del Trampolín.
El Ministerio de Transportes concedió el uso de las parcelas del puerto a Migraciones para montar los campamentos y proceder a la identificación de los migrantes. Sin embargo, la decisión judicial deja en el aire cómo se gestionará ahora la situación, especialmente cuando el Gobierno ya había justificado la medida como necesaria para ordenar la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma. La falta de un plan alternativo contrastado refuerza las críticas de la oposición, que lleva semanas denunciando la improvisación en la gestión de la crisis.
Este revés judicial se produce en un contexto de saturación extrema en Ceuta: según datos oficiales citados en el propio comunicado de Transportes, los migrantes ya superan la capacidad de acogida en calles y playas. La paralización del campamento del puerto agrava la presión sobre el Gobierno, que deberá justificar ahora cómo cumplirá su promesa de «controlar la situación» sin infraestructuras preparadas. La Audiencia Nacional no ha especificado los motivos de la paralización, pero fuentes jurídicas consultadas señalan que podría estar relacionada con recursos presentados por colectivos locales o por la propia administración autonómica.
Mientras, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha reclamado hoy que las ayudas públicas destinadas a autónomos en Ceuta se centren exclusivamente en quienes hayan visto afectada su actividad por la crisis migratoria, en lugar de distribuirse de forma generalizada. La medida, anunciada por el Gobierno central, ha generado malestar entre los autónomos que no están directamente vinculados al sector servicios, que es el más golpeado por el colapso logístico y la caída del turismo.
La crisis en Ceuta acumula ya tres semanas de tensión, con más de 10.000 migrantes llegados desde principios de septiembre —según cifras de la Guardia Civil— y una presión creciente sobre los recursos locales. El Gobierno ha evitado hasta ahora asumir la responsabilidad directa de la gestión, delegando en Migraciones y en las fuerzas de seguridad. La paralización del campamento del puerto, sin embargo, obliga ahora a Sánchez a definir una estrategia concreta, algo que hasta ahora ha eludido para no enfrentarse a las comunidades autónomas y a la UE.
