El president catalán busca un pacto educativo mientras la oposición exige el cese de Niubó y los sindicatos mantienen las protestas
Salvador Illa ha convocado este viernes a todos los grupos parlamentarios catalanes para negociar un pacto educativo, una semana después de anunciar su intención de reformar el modelo educativo tras el polémico error en las pruebas PISA que excluyó a Cataluña de los resultados. El encuentro llega tras su comparecencia del miércoles en el Parlament, donde deberá responder por el fallo técnico que ha generado una crisis política sin precedentes.
La oposición ya ha puesto en el punto de mira a la consellera de Educación, Esther Niubó, a quien tanto Junts per Cataluña como el PP exigen su dimisión. Los convergentes, liderados por Josep Rius, han calificado de «incompresible» su permanencia en el cargo y acusan a Illa de «premiar la incompetencia». El PP, por su parte, ha anunciado que no participará en ningún diálogo si Niubó sigue al frente del departamento, tachando el posible pacto de «chiringuito».
El Govern prometió invertir el 6% del PIB en educación, pero aún no se ha concretado cómo se aplicará esa cifra. Mientras, los sindicatos mantienen las protestas, y el debate parlamentario sobre educación, previsto para mediados de octubre, se presenta como un nuevo frente de tensión. Cataluña en Comú, por su parte, ha criticado al Govern por «negligencias» y ha pedido incluir a todos los actores educativos en las soluciones.
El PSC, único partido de la mayoría que apoya al Govern, ha lamentado la ausencia del PP en las negociaciones, mientras Vox y Alianza Catalana podrían sumarse al boicot. La comparecencia de Illa este miércoles será clave para medir si el president logra contener la crisis o si la presión política y social escalará.
El debate monográfico de educación, que se celebrará a mediados de octubre a petición de Rius, se centrará en propuestas para los docentes, como la recuperación de su autoridad y la mejora de sus condiciones salariales y laborales, así como en la reducción de la burocracia y la bajada de ratios para hacer efectiva la escuela inclusiva.
Los sindicatos convocantes de las vagas, que aún no han firmado una tregua, continúan exigiendo mayores recursos y la aplicación concreta del 6% del PIB, lo que añade presión sobre el Govern para definir un plan de inversión claro antes de la próxima sesión parlamentaria.
