El Ayuntamiento solicita auditoría tras 200 altas vinculadas a la normativa; el Tribunal Supremo suspende cautelarmente efectos electorales para algunos beneficiarios
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha denunciado un aumento del 25% en su censo exterior tras la aplicación de la Ley de Nietos, una norma que el Tribunal Supremo ha limitado cautelarmente para parte de sus beneficiarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó al Gobierno de alterar las reglas democráticas al vincular a nuevos electores con un municipio creado en 1991, décadas después del periodo de exilio que regula la ley.
El Consistorio, dirigido por el alcalde Jesús Moreno, ha solicitado a la Junta Electoral Central y al INE una revisión de los 200 expedientes incorporados desde 2022 al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La ley, aprobada en 2022, presume la condición de exiliado para quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, pero el Supremo ha paralizado ahora los efectos electorales de quienes obtuvieron la nacionalidad bajo esa presunción administrativa.
El conflicto político se agrava: el PP interpreta el auto como un respaldo a sus críticas de «ingeniería electoral», mientras el Gobierno defiende que la medida judicial no afecta a las nacionalidades concedidas. Vox e Iustitia Europa fueron los partidos que impulsaron el recurso que llevó a la suspensión cautelar. La Abogacía del Estado ya ha recurrido la decisión, argumentando que perjudica el derecho al voto de cientos de miles de ciudadanos.
Tres Cantos, municipio independiente desde 1991, cuestiona cómo se han asociado a su censo exterior ciudadanos que, según su alegato, no podrían demostrar un vínculo real con la localidad durante el periodo de exilio. La polémica refleja tensiones entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y el Poder Judicial sobre la interpretación de una ley clave para miles de españoles descendientes de exiliados.
