La líder del clan de los Rocho revela que Leire Díez y Santos Cerdán ofrecieron cerrar sus causas a cambio de ‘eliminar’ a la magistrada que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez
Cintia Rocho, líder del clan criminal de Extremadura vinculado al narcotráfico, ha confirmado en una entrevista que miembros del PSOE le ofrecieron cerrar las causas judiciales que pesan sobre su familia a cambio de presionar para que la jueza Beatriz Viedma abandonara la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez. Rocho declaró que recibió información personal detallada sobre la magistrada, incluyendo su dirección y fotos de su gimnasio, y rechazó colaborar en lo que describió como una «persecución» contra Viedma.
La jueza Beatriz Viedma, instructora del llamado «caso Leire», denunció ante la Audiencia Nacional haber sido intimidada y solicitó personarse en la causa como acusación particular. Según Rocho, dos personas —un magistrado y un abogado no identificados— contactaron con ella para transmitirle la oferta: «Todo lo que ellos querían es que esta señora no llevara la instrucción del hermano de Sánchez y quitársela de en medio». La líder del clan aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una demanda, pero al recibir datos personales de Viedma comprendió que se trataba de una maniobra de intimidación.
Rocho explicó que la presión comenzó con «sutileza», pero al recibir información confidencial como la dirección de la jueza y fotos suyas en un gimnasio, entendió que el objetivo era «perseguirla». «¿Por qué me envías una dirección de una magistrada? A mí me lleva a pensar que quieren que vaya a su casa», declaró en el programa *El Tiempo Justo* de Telecinco. La oferta incluía integrar al clan en una «persecución policial y judicial tremenda» para intimidar a Viedma, según relató.
La jueza Beatriz Viedma ya había denunciado formalmente ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles que se habían solicitado sus datos personales y que temía por su seguridad. En su escrito, Viedma reveló las conversaciones entre el grupo liderado por Leire Díez y Santos Cerdán —ambos investigados por una presunta trama de tráfico de influencias y obtención de información reservada— con una banda de narcotraficantes.
El juez Pedro Pedraz, instructor de la causa en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como investigados a figuras como el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, entre otros.
El contexto del «caso Leire» y la trama contra Viedma
El «caso Leire» investiga una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y maniobras para condicionar procesos judiciales que afectaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Según revelaciones de El Español, la oferta realizada al clan de los Rocho habría sido clara: «Eliminad a Viedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos». Las negociaciones habrían contado con la influencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para cerrar las causas pendientes contra la familia Rocho.
La trama incluye el intento de reclutamiento de Joaquín Parra, exdueño del equipo de fútbol de Badajoz e imputado en un caso de hidrocarburos, quien también rechazó colaborar. Además, la agenda de Leire Díez contenía anotaciones como «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano», referencia directa a Cintia Rocho, según confirmó esta última.
El exjuez Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial por una condena por violencia de género, fue reclutado por Santos Cerdán y Leire Díez para formar un «comando Badajoz» con el objetivo de apartar a Viedma de la instrucción del caso del hermano de Sánchez, ya fuera por vías civiles o criminales.
Implicaciones políticas y judiciales
La denuncia de Cintia Rocho y la solicitud de personación de Beatriz Viedma como acusación particular añaden una capa de complejidad al caso, que ya involucra a altos cargos del PSOE y a instituciones como la Fiscalía General del Estado. La revelación de que se ofrecieron datos personales de una jueza para presionar en un caso judicial abre preguntas sobre posibles delitos de tráfico de influencias, intimidación y obstrucción a la justicia.
El PSOE no ha emitido aún una respuesta oficial a las declaraciones de Rocho, pero la implicación de figuras como Leire Díez —exsecretaria general del PSOE en Extremadura— y Santos Cerdán —exsecretario de organización del partido— podría tener consecuencias internas en el partido. Además, la conexión con el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz —actual fiscal de la Audiencia Nacional— añade un componente institucional que podría escalar el caso a niveles superiores.
Para la jueza Beatriz Viedma, este episodio refuerza su petición de personarse en la causa como acusación particular, una medida que podría acelerar la investigación y dar visibilidad a lo que ella describe como una «persecución» contra su labor judicial. Mientras, el clan de los Rocho, conocido por sus vínculos con el narcotráfico y la extorsión en Extremadura, se enfrenta a una situación crítica tras el asesinato de su patriarca, Jesús Rocho Sosa, y el de su marido, apodado «El Tutu», en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
El caso, que combina elementos de corrupción política, crimen organizado y presión judicial, podría reabrir el debate sobre la influencia de redes paralelas en la justicia española y las consecuencias de su actuación en casos sensibles como el del hermano de Pedro Sánchez.
