Podemos responsabiliza al PP y Vox del discurso de odio y denuncia la inacción policial en Ceuta
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, calificó este jueves de *»terrorismo fascista»* el ataque contra la diputada de Ceuta ya, Julia Ferreras, y el activista Rafael Borrego, y exigió al Gobierno que actúe para frenar «la violencia fascista» antes de que «arrase con todo».
Durante una rueda de prensa en el Congreso, Belarra criticó la *»pasividad»* de la Policía Nacional al no proteger a Ferreras durante el ataque, que incluyó apedreamientos. La diputada, que preside la comisión de Igualdad del Parlamento autonómico de Ceuta, ha denunciado en repetidas ocasiones amenazas y hostigamiento por su defensa de los derechos de los migrantes en la ciudad.
La respuesta policial, según Belarra, sería distinta si los agresores tuvieran *»otra ideología»* —en clara referencia a la izquierda—. «Si fueran de izquierdas, estarían ya camino de la Audiencia Nacional», advirtió, aludiendo a la rápida intervención judicial en casos de violencia política contra figuras progresistas.
La eurodiputada Irene Montero, también de Podemos, reforzó estas críticas en una entrevista en RNE. Montero vinculó el ataque al *»discurso de odio»* del PP y Vox, partidos que, según ella, *»instan a salir a cazar personas»* y califican a los migrantes de *»invasores»*. Ambas figuras exigieron depurar responsabilidades en el cuerpo policial y acusaron al Gobierno de no tomar medidas contundentes.
El ataque contra Ferreras se produce en un contexto de creciente tensión en Ceuta, donde la llegada masiva de migrantes —más de 70.000 en julio de 2026, según datos del Ministerio del Interior— ha desbordado los recursos locales. La ciudad, con una capacidad de acogida para 3.500 personas, alberga actualmente a más de 10.000 en condiciones precarias, según informes de ONGs como Cáritas Ceuta. Este escenario ha convertido a la ciudad en un foco de conflictividad política, con acusaciones cruzadas entre partidos sobre la gestión de la crisis.
La Fiscalía General del Estado abrió diligencias por *»violencia política»* tras el ataque, aunque no ha confirmado aún si se imputarán delitos de odio. Mientras, el PP y Vox han rechazado cualquier responsabilidad, atribuyendo la violencia a *»grupos radicales»* no vinculados a sus discursos. La polémica, sin embargo, ha reabierto el debate sobre cómo el lenguaje político puede escalar en situaciones de crisis humanitaria.
