Descendientes de exiliados en Argentina desconocen fechas clave del franquismo y mezclan periodos históricos en sus solicitudes
El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente el derecho al voto de los nuevos españoles nacionalizados por la Ley de Nietos, salvo que demuestren ser descendientes de exiliados políticos durante la guerra civil o el franquismo. La medida afecta a miles de solicitudes en trámite, especialmente en Argentina, donde el Consulado de Buenos Aires registra casos de solicitantes que confunden fechas históricas y desconocen el marco temporal exacto de la represión franquista.
Los testimonios recabados por Ok diario revelan que muchos solicitantes alegan ser descendientes de exiliados políticos, pero no pueden precisar cuándo emigraron sus familiares. Algunos mencionan fechas como 1930 —cuando Franco aún no tenía poder político— o vinculan la huida con conflictos ajenos, como la Primera Guerra Mundial. El Supremo exige pruebas concretas de persecución durante el franquismo (1939-1975) o la guerra civil (1936-1939), algo que muchos no pueden acreditar.
La Ley de Nietos, aprobada en 2022 como parte de la Ley de Memoria Democrática, permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados por la represión franquista. Sin embargo, el Alto Tribunal no ha suspendido las nacionalizaciones, solo el derecho al voto hasta que se verifique el exilio. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, promocionó la ley en Buenos Aires, donde el Consulado procesa cientos de solicitudes diarias.
El caso refleja un problema estructural: la falta de conocimiento histórico entre los solicitantes. Según los datos del Consulado, ninguno de los entrevistados demostró vínculos con la represión franquista. La confusión es tal que algunos confunden el exilio republicano con migraciones económicas o incluso con la huida de conflictos internacionales. El Supremo ahora deberá resolver si estas nacionalizaciones proceden sin pruebas sólidas de persecución política.
La decisión del Supremo tiene implicaciones políticas directas: el PSOE, impulsor de la ley, defiende su aplicación sin restricciones, mientras que partidos como el PP y Vox podrían aprovechar el caso para criticar lo que consideran una amnistía histórica sin controles. El plazo para resolver el recurso podría alargarse meses, dejando en suspenso el voto de miles de nuevos ciudadanos.
