La portavoz Elma Saiz reclama un jurado ecuánime tras las declaraciones del Ejecutivo sobre el caso de la esposa de Pedro Sánchez
El Gobierno ha tachado este martes de «escarnio público» el juicio contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y ha exigido que el jurado popular que la juzgue actúe con «ecuanimidad» y declare su inocencia. Así lo ha comunicado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha mostrado su «empatía y apoyo total» hacia Gómez.
El caso de Gómez, que enfrenta un juicio por supuesta malversación de fondos públicos, ha sido calificado por el Gobierno como un ejemplo de «insoportable escarnio» por su condición de esposa de un presidente progresista. Saiz ha subrayado que «nadie desconoce en este país» el caso, lo que refuerza la percepción de un proceso con un trasfondo político.
El juicio, que se desarrolla en un contexto de alta polarización, pone a prueba la independencia de un jurado popular en un caso que ha generado una fuerte división social. El Gobierno, al pedir justicia, apela a un principio clave del sistema judicial español: la imparcialidad del jurado, compuesto por ciudadanos elegidos al azar. Según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (Ley 5/1995), los jurados deben decidir en conciencia, sin influencia externa, aunque en casos mediáticos como este, la presión social puede condicionar sus decisiones.
Este no es el primer caso en el que el Gobierno se pronuncia públicamente sobre un juicio en curso, aunque sí uno de los más visibles por la identidad de la acusada. La intervención de Saiz refleja la estrategia del Ejecutivo de defender a sus figuras cercanas, especialmente en un momento en el que Sánchez enfrenta críticas por su gestión y por casos de corrupción que afectan a su entorno. La presión sobre el jurado, sin embargo, no es nueva: en casos como el de los EREs o el de los EREs de Andalucía, también se cuestionó la imparcialidad de los jurados.
El resultado del juicio, que podría dictaminarse en las próximas semanas, tendrá un impacto directo en la percepción de justicia en España. Si el jurado declara a Gómez inocente, el Gobierno verá reforzada su postura sobre la equidad del sistema. En caso contrario, el caso podría convertirse en un símbolo de la polarización judicial y en un argumento más para la oposición, que ya critica la gestión de Sánchez en temas como la corrupción y la independencia judicial.
