El vicepresidente andaluz Antonio Sanz tacha de «trapo electoral» el plan de Mónica García para llevar el aborto farmacológico a los centros de salud
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha cifrado este martes en 202 millones de euros y 1,5 millones de actos médicos suspendidos el coste de la huelga médica en Andalucía. Lo ha hecho en Málaga, en declaraciones a los medios, donde ha rechazado la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de incorporar el aborto farmacológico a la Atención Primaria.
Sanz ha calificado esa propuesta de «trapo electoral» y ha reprochado a la ministra que «está de campaña siempre». Le ha afeado además que «no tiene ni un minuto para reunirse con los médicos» ante la huelga anunciada para finales de octubre. «Que se deje de campaña electoral y se dedique a resolver los problemas», ha reclamado el consejero andaluz.
La ministra de Sanidad ha defendido este martes que es «perfectamente factible» que las comunidades del PP respalden la reforma. En una entrevista en la Cadena SER, ha puesto como ejemplo a Cantabria, donde «casi el 80, 90 por ciento» de las interrupciones voluntarias del embarazo ya se realizan en la sanidad pública, en parte mediante el método farmacológico. García ha situado a Madrid y Andalucía fuera de ese grupo de comunidades dispuestas a apoyar el cambio.
El Ministerio de Sanidad anunció el lunes que impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo por vía farmacológica a la cartera común de servicios de Atención Primaria. El plan incluye modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptar la ficha técnica de la mifepristona para permitir su uso fuera del ámbito hospitalario y actualizar la cartera común del Sistema Nacional de Salud.
La ministra ha argumentado que el objetivo es que las mujeres puedan resolver el proceso con su médico de Atención Primaria, al que ya conocen y con el que mantienen una relación de confianza. «Cuando tú tienes confianza, tienes un médico de referencia», ha explicado García, que ha defendido que ese profesional pueda hacer también el seguimiento.
Sanz ha respondido que Andalucía «siempre cumple con las leyes» y ha mencionado el registro de objetores y «el resto de mandatos legales». La extensión de la prestación a los centros de salud exige modificar órdenes ministeriales, algunas relacionadas con la cartera común de servicios que afecta a las comunidades autónomas.
