La ministra García modifica el real decreto para incluir la prestación en Atención Primaria y exige a las CCAA garantizar el acceso sin objeciones
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, un cambio que amplía el acceso al derecho y reduce desplazamientos para las mujeres. La medida, presentada en el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, incluye la modificación del real decreto que regula los centros sanitarios autorizados y la actualización de la ficha técnica de la mifepristona para permitir su uso fuera de hospitales.
García destacó que el objetivo es «ahorrar sufrimiento e inseguridades» con un modelo basado en «información clara, profesionales preparados y acompañamiento». La ministra vinculó la decisión a la obligación legal de las comunidades autónomas de garantizar el aborto, advirtiendo que «ningún prejuicio puede servir de excusa para bloquearlo». El Ministerio exigirá a las CCAA cumplir la ley, amenazando con «tenerlas enfrente» en caso contrario.
El cambio afecta directamente a las 17 comunidades autónomas, donde la objeción de conciencia de algunos profesionales ha generado listas de espera y derivaciones a otras provincias. Según datos del Ministerio, el 30% de los centros sanitarios en España ya ofrecen aborto farmacológico, pero su distribución es desigual: mientras en Cataluña o País Vasco está generalizado, en otras regiones como Castilla y León o Murcia depende de la disponibilidad de hospitales. La nueva normativa obligará a adaptar estos requisitos a los centros de salud, aunque las CCAA tendrán margen para organizar la objeción sin afectar al acceso.
El anuncio llega en el Día Internacional del Aborto Seguro y refuerza la línea del Gobierno de ampliar derechos reproductivos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el delito de seducción en casos de aborto. García recordó que el Ministerio «defenderá este derecho con uñas y dientes», citando el trabajo de colectivos feministas que lo lograron. La medida, sin embargo, enfrenta al Ejecutivo con sectores conservadores como Vox, que ya han criticado «la medicalización de la decisión» y prometen recurrirla.
La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud incluirá ahora esta prestación en Atención Primaria, un paso que los expertos valoran como «histórico» por su impacto en la equidad territorial. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 60% de las mujeres que abortan en España lo hacen con métodos farmacológicos, pero el 40% restante aún depende de hospitales por falta de acceso en centros de salud. La ministra subrayó que el cambio busca «que cueste menos decidir con libertad», eliminando barreras administrativas y geográficas.
