El Sindicato de Inquilinas repite el modelo del 15-M con tiendas en la Puerta del Sol, mientras Madrid y la Comunidad exigen su desalojo y culpan a Interior de falta de control
El Sindicato de Inquilinas ha ocupado la Puerta del Sol de Madrid con tiendas de campaña el sábado, replicando el modelo de protesta del 15-M de 2011, pero esta vez para denunciar los desahucios masivos. La acampada, liderada por el movimiento tras la concentración contra el desahucio de Maricarmen, ha generado un conflicto institucional entre el Gobierno central, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que se acusan mutuamente de falta de acción.
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de «falta de diligencia» por permitir la ocupación. «La Policía Nacional se retiró cuando comenzaron los asentamientos ilegales», denunció el Consistorio, recordando que la Delegación del Gobierno es la responsable del orden público en la capital. Por su parte, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha calificado la ocupación de «ilegal» y ha exigido su desalojo inmediato, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «buscar culpables en lugar de soluciones».
La situación evoca el 15-M de 2011, cuando miles de indignados ocuparon Sol durante 79 días en protesta contra la crisis económica y la corrupción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En aquella ocasión, la respuesta policial fue escalonada: primero se permitió la acampada sin incidentes, pero tras semanas de ocupación, la Policía Nacional desalojó la plaza el 2 de agosto de 2011 con la colaboración de agentes municipales. El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), defendió una actuación «proporcional» y evitó el desalojo hasta que hubo violencia, aunque finalmente el campamento fue retirado sin enfrentamientos graves.
En el caso actual, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado que mantendrá la ocupación hasta que se apruebe una ley de vivienda que incluya la dación en pago y la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional. Mientras, el Gobierno central, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se enfrentan en un pulso institucional: el primero alega que las competencias en orden público son suyas, el segundo reclama acción inmediata para proteger a los comerciantes de la zona, y la tercera insiste en que la ocupación es ilegal. La diferencia clave con 2011 es que, esta vez, la protesta no es contra la crisis económica, sino contra una ley de vivienda que los inquilinos consideran insuficiente.
El conflicto también pone en evidencia las tensiones políticas en Madrid, donde el PP gobierna tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, mientras el Gobierno central, liderado por Sánchez, enfrenta críticas por su gestión en políticas sociales. La acampada, que podría prolongarse días o semanas, podría convertirse en un símbolo de la lucha por los derechos de los inquilinos en España, con un impacto directo en las negociaciones parlamentarias sobre la futura ley de vivienda.
