Acampada con 100 tiendas exige al ‘Decreto Maricarmen’ contratos indefinidos y moratoria de desahucios antes del martes
El Sindicato de Inquilinas ha montado una acampada en Sol con más de 100 tiendas de campaña, donde organizan asambleas estructuradas y recogen datos de afectados para crear redes de apoyo en los barrios. La movilización, surgida tras la manifestación del sábado por la crisis de vivienda, exige al Gobierno que el Real Decreto Ley —apodado ‘Decreto Maricarmen’— incluya al menos cuatro medidas: contratos indefinidos, congelación de precios, fin del fraude en alquileres temporales y moratoria de desahucios.
La acampada, que comenzó el domingo y ya supera las previsiones iniciales, cuenta con participación de jóvenes como Pablo Fernández (700 € de alquiler con sueldo mileurista) y mayores como Lucinda (64 años), quien vincula el movimiento al 15-M de 2011. El Sindicato divide a los asistentes en grupos para recoger datos personales y crear redes de apoyo, con el objetivo de mantener la presión incluso si el decreto se aprueba el martes, fecha prevista para su presentación en el Consejo de Ministros.
El Gobierno trabaja «a contrarreloj» para aprobar el decreto, aunque Pedro Sánchez no ha detallado su contenido. Los acampados advierten que, si el texto no cumple sus exigencias, no abandonarán Sol hasta al menos el martes. Mientras, la acampada ha organizado actividades como yoga, comidas populares y un festival con artistas como Carlos Bardem, junto a un mural con mensajes para Maricarmen, la mujer desahuciada que inspiró la movilización.
El Sindicato de Inquilinas, que asume el liderazgo de la acampada, busca replicar la estructura del 15-M pero con un objetivo concreto: la crisis de vivienda. Su portavoz explica que la organización es distinta a la espontánea de 2011, con asambleas planificadas y un enfoque en los barrios, donde pretenden «tejer redes ciudadanas» para mantener la presión más allá de Sol.
La acampada, que ha transcurrido sin incidentes policiales, enfrenta ahora el lunes con optimismo, aunque el riesgo de lluvia añade incertidumbre. Algunos participantes, como Pedro Álvarez (22 años), se han unido al ver que el movimiento va en serio y no es solo una réplica del 15-M. La movilización, que ya ha generado un mural con cartas para Maricarmen, busca convertir la «chispa» de su desahucio en un movimiento sostenido.
El SUP y Jupol denuncian que Francisco Martín se desentiende del desalojo en Retiro tras abrir una investigación por la carga de la UIP
Varios sindicatos de la Policía Nacional rechazaron el viernes las críticas políticas a la intervención en el barrio madrileño de Retiro. En esa actuación, los agentes de la Unidad de Intervención Policial ejecutaron el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad. Los colectivos policiales recordaron que la intervención obedecía a un mandato judicial expreso. Por ello, reclamaron que las pesquisas abiertas no se limiten a evaluar vídeos cortos difundidos en redes sociales.
Las organizaciones profesionales centraron sus reproches en el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El Sindicato Unificado de Policía y Jupón afirman que el Ejecutivo busca eludir su propia responsabilidad institucional. Francisco Martín anunció una investigación interna tras admitir que vio grabaciones del operativo que no resultaron de su agrado. Jupón calificó esta postura de hipócrita, al considerar que la Delegación respalda el uso de la fuerza pública para hacer cumplir resoluciones judiciales, pero señala a los agentes ante la polémica mediática.
La controversia surge tras las quejas de colectivos vecinales como el Sindicato de Inquilinas. Varios activistas denunciaron el empleo de espray pimienta y golpes durante las protestas ciudadanas frente al inmueble. Desde el Sindicato Unificado de Policía recalcaron que los funcionarios cuentan con derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, pusieron su equipo jurídico al servicio de los policías involucrados en el despliegue. La organización sindical exigió que la investigación revise las directrices operativas completas y las grabaciones integrales.
El marco normativo fija que el delegado del Gobierno ostenta la supervisión política sobre estos dispositivos, con dependencia del Ministerio del Interior. Fuentes de dicho departamento ministerial precisaron que el cuerpo policial dispone de protocolos internos para corregir cualquier exceso. Los sindicatos recordaron que la Unidad de Intervención Policial suele afrontar situaciones de gran tensión, similares a las vividas en Ceuta o en las inmediaciones del Congreso de los Diputados. Ante este escenario, exigen analizar el contexto general antes de atribuir irregularidades a los agentes.
