Mensajes judiciales confirman que la Conselleria de Transportes minimizó el riesgo horas antes de la inundación en el río Magro
La Generalitat Valenciana recibió alertas técnicas sobre el peligro inminente de la presa de Forata —en el río Magro— a las 17:28 horas del pasado 19 de septiembre, pero decidió no activar el ES Alert a la población. Así lo confirman los mensajes internos del secretario autonómico de Transportes, Javier Sendra, aportados al juzgado que investiga la dana y que Levante-EMV ha verificado.
Sendra, enlace entre el centro de emergencias (Cecopi) y el conseller Vicente Martínez Mus, advirtió en un mensaje a las 17:28: «Peligro inminente en menos de 1 hora en la presa de Forata (río Magro). Entran 1.800 metros cúbicos y solo puede aliviar 800». Diez minutos después, Martínez Mus respondió con un simple «Uff», según el acta judicial. Sin embargo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, rebajó el tono de la alerta en la reunión, asegurando que el riesgo ya no era «inminente» y que «había bajado el suflé», según declaró Sendra ante la jueza.
El secretario autonómico reconoció en sede judicial que, en ese contexto, le dijo a Martínez Mus: «Ahora están quitando hierro». La versión de Sendra contradice tanto las declaraciones de Polo —quien admitió en el Cecopi que sí había que alertar a la población— como las del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quien propuso enviar un mensaje preventivo. La consellera de Política Territorial y Función Pública, Mónica Oltra, no intervino en esa fase crítica, según Sendra, aunque otros testigos sitúan su primera mención al ES Alert a las 19:00 horas, tras un parón en la reunión.
El error de cálculo tuvo consecuencias inmediatas: la presa de Forata colapsó horas después, inundando el barranco del Poyo y afectando a zonas como l’Horta Sud, donde quedó atrapado el propio Sendra. La CHJ, competente en la gestión de riesgos hidrológicos, ya había advertido en 2022 de la vulnerabilidad de la infraestructura, pero la Generalitat no implementó medidas preventivas adicionales. La causa judicial analiza ahora si hubo negligencia en la cadena de mando.
La Conselleria de Transportes, a cargo de Martínez Mus, gestiona las emergencias en coordinación con la CHJ y la AEMET, pero la decisión final sobre alertas a la población corresponde al Cecopi. El caso reabre el debate sobre la coordinación entre administraciones en situaciones de riesgo extremo, especialmente en zonas con presas obsoletas o infraestructuras críticas.
