Mónica García anuncia cambios en la cartera común de servicios del SNS para evitar desplazamientos y garantizar acceso público en todo el territorio
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el jueves 28 de septiembre la inclusión del aborto farmacológico en la cartera común de servicios de Atención Primaria, una medida que busca reducir la dependencia de clínicas privadas y garantizar el acceso público en todo el territorio. El cambio, que afectará a los centros de salud, incluye la modificación del real decreto de autorización de centros sanitarios, la actualización de la ficha técnica de la mifepristona y la adaptación de los protocolos para su uso fuera del ámbito hospitalario.
García ha detallado durante el acto Abortar sin barreras, celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto, que el objetivo es que las mujeres puedan acceder a este método «desde sus centros de salud, con información clara, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después». La ministra ha subrayado que la medida busca evitar desplazamientos innecesarios y ofrecer un seguimiento continuo por parte de equipos sanitarios conocidos.
Según datos de 2024 citados por García, casi el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Sin embargo, algunas comunidades autónomas ya han logrado integrar mayoritariamente esta atención en la sanidad pública, un modelo que el Ministerio de Sanidad pretende extender a nivel nacional.
La ministra ha insistido en que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar esta prestación y ha recordado que el acceso efectivo al aborto debe estar garantizado en todo el territorio. Además, ha defendido que «ninguna mujer tiene que demostrar que lo está pasando mal para que su decisión sea legítima», en referencia a la campaña institucional presentada recientemente por Sanidad.
¿Cómo se implementará el cambio?
Para hacer posible esta medida, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptando los requisitos para que los centros de salud puedan ofrecer el aborto farmacológico. Además, se actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para incluir expresamente esta atención en Primaria. También se iniciarán los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos clave en este proceso, permitiendo su uso fuera del ámbito hospitalario.
García ha anunciado que el Ministerio trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios. «Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso», ha señalado. La ministra ha destacado que la medida busca «ahorrarte un desplazamiento, saber a quién llamar si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y te acompaña».
El debate sobre el acceso al aborto farmacológico se intensifica
La decisión se enmarca en un debate más amplio sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en España. Aunque la ley permite el aborto farmacológico desde 2010, su aplicación ha variado significativamente entre comunidades autónomas. Algunas, como Cataluña o País Vasco, han avanzado en su integración en la sanidad pública, mientras que en otras regiones el acceso sigue dependiendo en gran medida de clínicas privadas.
El anuncio de García llega en un momento en que el Gobierno central busca reforzar su compromiso con los derechos reproductivos, especialmente tras el aumento de restricciones en otros países europeos. La medida también responde a la demanda de organizaciones feministas y colectivos de salud que reclaman una atención pública más accesible y menos estigmatizada.
Las comunidades autónomas decidirán si incorporan el aborto farmacológico
Las comunidades autónomas tendrán un papel clave en la implementación de esta medida, ya que la sanidad es una competencia transferida. Algunas, como Madrid o Andalucía, podrían resistirse a asumir costes adicionales o enfrentarse a objeciones de conciencia por parte de profesionales sanitarios. Sin embargo, otras, como Cataluña o el País Vasco, ya han demostrado que es posible integrar este servicio en la sanidad pública sin problemas.
García ha dejado claro que el Ministerio de Sanidad presionará para que todas las comunidades cumplan con su obligación de garantizar el acceso al aborto farmacológico. «Tenemos experiencias que funcionan y profesionales que saben cómo hacerlo», ha afirmado, en referencia a las regiones que ya han avanzado en este ámbito.
La medida también podría tener implicaciones políticas. El PSOE y Sumar han defendido históricamente el acceso al aborto, mientras que partidos como el PP o Vox han mostrado su oposición, argumentando que se trata de una decisión que debe quedar en manos de las mujeres, pero sin asumir costes públicos. La inclusión del aborto farmacológico en Primaria podría reforzar la posición del Gobierno en este debate, especialmente en un contexto de creciente polarización social.
Por último, la medida podría influir en el voto de las mujeres en las próximas elecciones, un colectivo clave en la estrategia política del PSOE. Garantizar un acceso más equitativo y menos burocrático al aborto podría ser un argumento clave para movilizar a su electorado.
