La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid exige medidas contundentes ante la acampada en Sol por vivienda, pero reconoce que el texto aún no está listo
Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, ha reconocido este viernes 28 de septiembre que el Gobierno aún no tiene listo el Real Decreto Maricarmen —el paquete de medidas para regular el mercado de alquileres y frenar los desahucios—, y ha advertido de que «ya no valen medias tintas ni parches».
La declaración llega tras la presión social generada por la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el sábado 21 de septiembre, cuando miles de personas se manifestaron para exigir al Ejecutivo la prohibición de desahucios en población vulnerable, la regulación de alquileres turísticos y la expulsión de fondos buitre del mercado inmobiliario. García ha respaldado estas reivindicaciones como «punto de partida irrenunciable», pero ha matizado que el texto definitivo aún no está preparado para ser aprobado en el Consejo de Ministros.
El Real Decreto Maricarmen —nombre en homenaje a Maricarmen Marín, exsecretaria general de la UGT y símbolo de la lucha por los derechos laborales— forma parte de un plan más amplio del Gobierno para abordar la crisis de vivienda, que incluye la Ley de Vivienda ya aprobada en el Congreso. Sin embargo, su desarrollo normativo ha sido criticado por organizaciones sociales y partidos de la oposición, como el PP, que lo consideran insuficiente. La acampada en Sol, con presencia de colectivos como PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y sindicatos, ha escalado la presión sobre el Ejecutivo, que ahora se enfrenta a la necesidad de articular respuestas concretas antes de que la movilización se extienda.
La ministra ha dejado claro que el Gobierno no negociará con «la especulación», pero también ha subrayado que las medidas deben ser «contundentes». El plazo para presentar el decreto se ha alargado más de lo previsto, y ahora el Ejecutivo deberá equilibrar las demandas sociales con las resistencias de sectores inmobiliarios y partidos aliados, como Sumar, que ya han mostrado tensiones internas sobre cómo abordar el tema. Mientras, en Sol, los manifestantes exigen avances «ya», sin esperar a un texto definitivo.
El contexto es clave: España registró en 2025 más de 30.000 desahucios (según datos del Instituto Nacional de Estadística), y el precio medio del alquiler ha subido un 12% en el último año, según el Colegio de Registradores. El Gobierno ya aprobó en julio la Ley de Vivienda, que limita los alquileres turísticos en zonas pensionadas, pero su aplicación ha sido lenta. Ahora, con la acampada y las declaraciones de García, el Ejecutivo tiene una nueva presión: demostrar que esta vez las medidas no serán «parches», sino soluciones reales.
