El caso de Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid, acelera las negociaciones para evitar nuevos desahucios por especulación
Josep Rull, presidente del Parlament y líder de Junts, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe esta misma semana un decreto contra fondos buitre para evitar nuevos casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de su vivienda en Madrid tras quedar el inmueble en manos de un fondo de inversión.
La medida forma parte de las negociaciones en curso entre el Ejecutivo y Junts —junto a otros partidos salvo PP y Vox— para regular la compra de viviendas por parte de grandes fondos. El decreto, según Rull, debe aprobarse antes del martes y servir como primer paquete de medidas consensuadas, antes de abordar reformas más amplias sobre la crisis habitacional.
El caso de Maricarmen, que conmocionó a la opinión pública, ha acelerado las negociaciones. Junts ya votó en contra del decreto de vivienda de febrero —que incluía una moratoria para desahucios— por considerar que no era suficiente. Ahora, Rull advierte que no respaldarán medidas que reduzcan la oferta de vivienda, un riesgo que, según su partido, podría surgir si los pequeños propietarios retiran sus inmuebles del mercado por inseguridad jurídica.
El Gobierno negocia con Junts directamente, pero las discrepancias persisten. En febrero, la formación independentista bloqueó el decreto de vivienda al considerar que no abordaba el problema de los fondos buitre. Ahora, Rull insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar seguridad jurídica para inquilinos y propietarios, especialmente para los pequeños tenedores, y evitar que las medidas agraven la escasez de vivienda.
Las negociaciones incluyen a actores como el Sindicat de Llogateres, aunque Junts subraya la necesidad de un mínimo común denominador para actuar con urgencia. El caso de Maricarmen, repetido en otras comunidades, ha convertido este tema en una prioridad política.
Rull ha añadido que la propuesta debe incluir mecanismos que fomenten la oferta de vivienda, evitando que los propietarios, temerosos de una regulación que genere inseguridad jurídica, retiren sus inmuebles del mercado de alquiler y los vendan a grandes fondos de inversión.
Asimismo, el diputado ha subrayado la importancia de alcanzar consensos con todos los actores implicados, incluidos los sindicatos de arrendatarios, para garantizar que la normativa no solo proteja a los inquilinos, sino que también mantenga la viabilidad de los pequeños propietarios y contribuya a la disponibilidad de vivienda en el mercado.
