Un juzgado admite la querella contra Aitor Navarro Hornas por mensajes que vinculan migración con inseguridad y discriminación
Aitor Navarro Hornas, concejal de Vox en Santa Coloma de Gramenet, deberá declarar el 17 de noviembre ante un juzgado por una querella presentada hace más de un año. Seis entidades sociales —entre ellas SOS Racisme Cataluña— le acusan de difundir mensajes racistas y xenófobos que fomentan el odio contra la población migrante.
La investigación judicial se centra en tres tipos de actuaciones: una campaña de carteles que alertaba de la presencia de ‘ilegales’ en barrios concretos, publicaciones en redes sociales que vinculan migración con inseguridad, y declaraciones públicas como calificar a menores extranjeros no acompañados de ‘personas en edad militar’. Las entidades denuncian que estos discursos deshumanizan y criminalizan a la población migrante, usando datos como las listas de beneficiarios de subvenciones para reforzar su narrativa.
El caso refleja un conflicto político en Santa Coloma, donde el Ayuntamiento ha sido tradicionalmente un municipio de acogida. Las organizaciones querellantes advierten de que discursos como los de Navarro pueden erosionar la cohesión social, mientras Vox apela a la libertad de expresión. La citación judicial no implica culpabilidad, pero obliga al concejal a responder por hechos que, según la querella, trascienden lo político para convertirse en incitación al odio.
El procedimiento se enmarca en la Ley Orgánica 1/2022 de protección de las personas frente a discursos de odio, que tipifica como delito la difusión pública de mensajes que promuevan la discriminación o la violencia. La admisión de la querella abre ahora la fase de investigación, donde el juzgado deberá determinar si los hechos denunciados constituyen delito o mera controversia política.
La querella, presentada por el Centre d’Acollada de Santa Coloma, Ca la Sisqueta Gramenet, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom, Ningún Sense Llar Gramenet y SOS Racisme Cataluña, incluye una campaña de carteles y octavillas que advertían a los vecinos de que en determinadas zonas de Santa Coloma se estaban “repartiendo ilegales” y les instaba a extremar la precaución. El mensaje vinculaba directamente la presencia de personas en situación administrativa irregular con la inseguridad y señalaba al Partido Popular y al Partido Socialista como responsables del supuesto “reparto”.
