La querella de seis entidades sociales contra Aitor Navarro Hornas, portavoz adjunto de Vox en el ayuntamiento, avanza tras ser admitida a trámite
Aitor Navarro Hornas, portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, deberá declarar ante un juez el próximo 17 de noviembre por presuntos mensajes racistas en redes sociales y filtración de datos personales de beneficiarios de ayudas públicas. La querella, interpuesta hace más de un año por seis entidades sociales, ha sido admitida a trámite, según ha confirmado El Periódico.
Las asociaciones —SOS Racisme Cataluña, Centre d’Acollada de Santa Coloma, Ca la Sisqueta Gramenet, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom y Ningún Sense Llar Gramenet— acusan a Navarro de «acciones racistas que fomentan el odio y la discriminación» y de revelar públicamente datos personales de 61 personas beneficiarias de subvenciones municipales, destacando sus apellidos para «ensañarse» con ellas. La querella incluye mensajes en redes donde el edil equiparó migración con inseguridad y cuestionó la condición de menor de personas no acompañadas.
El caso se enmarca en un contexto de tensiones en Santa Coloma, municipio con tradición de acogida y que ha registrado manifestaciones vinculadas a grupos de extrema derecha en los últimos años. Las entidades querellantes advierten de que discursos como los de Navarro «fragmentan la clase trabajadora» y ponen en riesgo la convivencia social. La declaración judicial será clave para determinar si el concejal incumplió leyes contra el odio y la protección de datos.
Navarro, según la querella, difundió en redes los nombres de 31 beneficiarios de ayudas en un video streaming y luego repitió la operación con otros 30, revelando datos completos en un segundo vídeo. Las asociaciones denuncian que estos actos «deshumanizan» a la población migrante y buscan «criminalizarla» como estrategia política.
El Ayuntamiento de Santa Coloma, con una población de más de 130.000 habitantes y un 20% de origen extranjero, ha sido escenario de polémicas similares en el pasado. La admisión de la querella marca un precedente legal en Cataluña contra discursos de odio desde instituciones locales, aunque el proceso judicial podría alargarse meses.
