La formación exige protección total contra desahucios y regulación de alquileres turísticos antes de respaldar el texto
Sumar ha bloqueado el real decreto de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez planea aprobar este martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros. Fuentes de la formación, socio de coalición, advierten de que un posible acuerdo sobre el texto «está muy lejos», al considerar que no responde a demandas clave como la protección total frente a desahucios o la regulación de pisos turísticos.
El decreto, que el Ejecutivo lleva meses negociando con Sumar, se enfrenta ahora a un plazo ajustado. El Gobierno necesita el apoyo de la formación para evitar que el texto quede en minoría en el Congreso, donde el PP y Vox ya han anunciado su rechazo frontal. La falta de consenso podría obligar a Sánchez a posponer la votación o aprobarlo por decreto-ley, una opción que aumentaría su impopularidad entre los sectores más críticos con la gestión de la vivienda.
Sumar exige al Gobierno que el texto incluya medidas concretas: prohibición total de desahucios durante la vigencia del decreto, regulación de temporada y habitaciones turísticas, prórroga automática de contratos y sanciones para fraudes en el alquiler. Estas demandas, según fuentes de la formación, no están reflejadas en el borrador actual. La formación, que gobierna en municipios como Madrid y Barcelona, tiene un peso clave en la tramitación parlamentaria, pero su postura podría debilitar aún más la ya frágil mayoría del Gobierno.
El decreto forma parte de un paquete de medidas urgentes para frenar el descontrol del mercado, donde los precios han subido un 12% en el último año según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, la falta de acuerdo con Sumar deja al Gobierno en una posición débil: o cede a las exigencias de su socio —lo que podría diluir el impacto de las medidas— o avanza solo, arriesgándose a que el texto sea bloqueado en el Parlamento. La decisión final dependerá de si Sánchez logra negociar en las próximas 48 horas.
Este impasse refleja la división interna en la coalición sobre cómo abordar la crisis de vivienda. Mientras el PSOE prioriza medidas de corto plazo para contener el alza de precios, Sumar —con apoyo en barrios obreros— exige soluciones estructurales que afecten directamente a los arrendatarios. La tensión podría extenderse más allá del decreto, afectando a otros proyectos legislativos en los que la formación tiene peso, como la reforma fiscal o las ayudas a los jóvenes.
