El PP balear analiza el decreto sin cerrar postura; el PSIB exige a Prohens frenar desahucios con herramientas ya existentes
Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament de Baleares, ha tachado este lunes de «maniobra electoral» el decreto de vivienda anunciado por Pedro Sánchez, al que acusa de llegar tarde y sin credibilidad tras ocho años en el Gobierno. Cañadas, en rueda de prensa, ha cuestionado el balance del Ejecutivo en materia de vivienda, recordando que en ocho años solo se han construido «como mucho 800 viviendas» de las miles prometidas. «No esperamos nada», ha sentenciado, añadiendo que el decreto llega en un momento político clave para Sánchez, «para agarrarse como una garrapata a la Moncloa y no convocar elecciones».
La dirigente de Vox ha responsabilizado al Gobierno central de la crisis actual,, pero también a la izquierda por no haber modificado durante estos años la legislación que ahora cuestiona. «Son los responsables de cada uno de los desahucios que hay», ha afirmado, criticando que luego «protestan» por situaciones que, según su versión, no han sabido resolver. Cañadas ha subrayado que la palabra de Sánchez «no tiene valor», citando su historial de contradicciones y anuncios incumplidos.
Mientras, el PP balear, a través de su portavoz parlamentario Sebastià Sagrera, ha evitado pronunciarse hasta conocer los detalles del decreto. Sagrera ha recordado las medidas adoptadas durante los tres años de Gobierno de Marga Prohens (PSIB), como ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de primera vivienda, la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para menores de 30 años y la movilización de más de 1.800 viviendas mediante el decreto de emergencia habitacional. «El problema no se arregla con solo un decreto», ha señalado, destacando que la crisis trasciende Baleares y se extiende a otras regiones.
El PSIB, por su parte, ha desplazado la responsabilidad hacia el Gobierno autonómico. Rosario Sánchez, candidata socialista a la Presidencia del Govern, ha exigido a Prohens que «deje de gobernar para los fondos buitre» y utilice herramientas ya existentes, como declarar zonas pensionadas o recuperar pisos vacíos de grandes tenedores. Sánchez ha acusado a Prohens de no actuar pese a contar con las competencias para evitar desahucios, y ha anunciado que, de ganar las elecciones, declarará zonas pensionadas desde el primer día para contener las subidas del alquiler.
El decreto, que busca frenar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, ha generado reacciones cruzadas. Mientras Vox lo califica de «tardío y electoralista», el PP valora sus medidas pero insiste en que el problema requiere soluciones más amplias. El PSIB, en cambio, apunta directamente a Prohens, a quien acusa de priorizar los intereses de los fondos buitre sobre los ciudadanos.
